El cuerpo macizo de Pedro Leyva Domínguez quedó tirado en el patio de su casa en la ranchería de Xayacalán con un balazo en la espalda. La versión oficial es que lo mató su primo, Santiago, por un pleito de borrachos. La única que creen las organizaciones indígenas y de derechos humanos es que lo mataron grupos paramilitares que tienen cercada a la comunidad nahua de Santa María Ostula, en la costa de Michoacán.

 

“Es una fuerte agresión a la lucha por el territorio y autonomía de la comunidad”, expuso la Asociación Jalisciense de Apoyo a Grupos Indígenas.

 

El asesinato del comunero, en la madrugada del 6 de octubre pasado, es una granada de mano para el Presidente Felipe Calderón, quien este viernes tendrá el segundo encuentro con los representantes del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad encabezado por el poeta Javier Sicilia y que inmediatamente condenó el homicidio.

 

Leyva no sólo era delegado del movimiento, sino que había participado en las mesas de diálogo y estaba prevista su participación, a nombre de los pueblos indígenas, en la reunión de Chapultepec.

 

Además, era miembro de la Guardia Comunal de Santa María Ostula –comunidad asediada por grupos armados desde octubre de 2009–, y de la Comisión por la Defensa de los Bienes Comunales en la Costa de Michoacán. Desde septiembre pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había pedido al Estado mexicano medidas cautelares para proteger a los líderes comunales.

 

Su asesinato será tema obligado del Congreso Nacional Indígena, que se realizará este fin de semana  en Malinaltepec, Guerrero, y que tiene, entre los temas de discusión, la defensa de los territorios frente a proyectos capitalistas y la seguridad comunitaria.

 

“Nosotros supimos lo que pasó en Ostula. No estamos enterados de los detalles de lo que pasó con el compañero Pedro, pero el problema es el mismo: se explotan las tierras sin consultar a los pueblos”, dijo, vía telefónica, Valentín Hernández, asesor jurídico de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias y de la Policía Comunitaria de la Costa Chica y la Montaña de Guerrero.

 

La Policía Comunitaria cumple 16 años este sábado y desde hace dos semanas desplegó a 700 policías en caminos y veredas para oponerse a la explotación de yacimientos de oro y plata por parte empresas extranjeras.

 

“A pesar de que las luchas de los pueblos originarios dan alternativas al país para salir de esta situación de emergencia en la que estamos, las autoridades no quieren escuchar. El gobierno, lejos de fortalecer a estas organizaciones que buscan trabajar por la comunidad, termina obstaculizándolas”, aseguró Hernández.

 

Pedro Leyva, de 34 años, fue uno de los comuneros más activos en la recuperación de mil 300 hectáreas de tierras, que estaban en posesión de pequeños propietarios desde los años 70. La “recuperación”, sin embargo, le ha salido muy cara a los indígenas: en dos años han sido asesinados 27 comuneros y cuatro más están desaparecidos.

 

Mientras, las negociaciones de la comunidad con el gobierno de Michoacán y la Secretaría de la Reforma Agraria para intentar dar certeza jurídica al poblado sobre la posesión y propiedad del territorio, están detenidas.
“La experiencia de seguridad comunitaria que sigue Ostula es similar a las que han tenido en Cherán, Michoacán, en Guerrero y otras comunidades de Chiapas. El asesinato de Pedro, con esa impunidad, es un mensaje muy claro para quienes se quieran organizar para establecer otro tipo de paz”, dijo el catedrático de la UNAM, Pietro Ameglio, pieza clave del movimiento de víctimas.

En Cherán, otra comunidad michoacana que desde abril pasado desconoció a las autoridades municipales y creó un grupo de autodefensa para protegerse de talamontes y bandas de narcotraficantes, los comuneros entraron en alerta.

 

“El asesinato del compañero Pedro alienta estos atentados contra luchadores sociales”, dijo telefónicamente uno de ellos, quien solicitó no publicar su nombre.

En Cherán esperan la resolución que emitirá esta semana el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ante su demanda de que se reconozca su derecho a la elección de sus autoridades bajo la figura de usos y costumbres.

En ese pueblo purépecha han sido asesinados 12 indígenas en los últimos tres años y seis más están desaparecidos. Entre ellos, Rafael García, cuya esposa, Mary, ha bordado decenas de pañuelos con la leyenda: “Esposa de 1 secuestrado. Esposa de 1 desaparecido. La lucha sigue”.

 

En su primera visita oficial al país, Rodrigo Escobar Gil, relator para México de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos visitó esta región y se reunió con los dirigentes comunales, entre ellos Pedro Leyva el 27 de septiembre. Dos días después, el comunero asistió  una reunión del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad.

 

Fue la última vez que los integrantes del movimiento lo vieron con vida. En su funeral, recordaron las palabras que dijo, de manera premonitoria, en julio pasado: “Nos quieren meter miedo con sus armas, pero ya no hay que tenerles miedo, tenemos que luchar sin miedo, por nuestra tierra, por nuestra libertad, por nuestra dignidad”.