Que la Cancillería pida cuentas sobre los dichos de la agencia antidrogas estadounidense (DEA, por sus siglas en inglés), en torno a la presunta intervención del narcotraficante prófugo Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, en las elecciones del próximo año, exigieron diputados federales del PRI, PRD y PT.
Al conocer las declaraciones del director de la DEA en Chicago, Jack Riley, sobre el poder económico que goza el capo del cártel sinaloense, Jorge Carlos Ramírez Marín, diputado del grupo parlamentario del PRI, arremetió contra la Cancillería por no exigir cuentas a la agencia antidrogas estadounidense.
“Si es que sabían de esta información (los agentes extranjeros), por qué no se informó a las autoridades mexicanas, me parece una intromisión en los asuntos internos de México, de una agencia de información de esa naturaleza”, dijo.
Cuestionó el hecho de que no se dé a conocer a la opinión pública sobre estas afirmaciones; “la DEA tiene muchas explicaciones pendientes con México; por ejemplo, el lavado de dinero que hizo por una supuesta investigación hacia narcotraficantes mexicanos”.
Añadió que es imprescindible que no haya informaciones vagas sin con mayor precisión para levar a cabo los trabajos de investigación y detención.
Consideró que si sólo es un comentario sobre las elecciones mexicanas, la DEA no tiene por qué inmiscuirse en asuntos de política interior.
Es obligación de la DEA, agregó, dar los datos y compartirlos con las autoridades mexicanas.
Por su parte, el legislador perredista Emilio Serrano, destacó que la Cámara de Diputados ha actuado de forma pasiva, al no exigir a la canciller Patricia Espinosa una explicación sobre este tipo de declaraciones, así como de otros acontecimientos en los que se ve involucrada dicha instancia extranjera.
Sin embargo, dijo que sí hay el riesgo de que se infiltre no sólo el cártel de Sinaloa en el proceso electoral del 2012, sino cualquier otro, al haber los antecedentes de que han intimidado a candidatos para que se retiren o sigan en los comicios.
Pero acusó al gobierno federal de estar propiciando la injerencia del crimen organizado en los procesos electorales al existir funcionarios que fueron impulsados en ciertas comunidades y posteriormente tuvieron que cumplir con los compromisos adquiridos.
“Esto es muy peligroso, ya que el dinero que se utilizó se tiene que devolver y desde el gobierno se triplica con el aval de la simulación de las autoridades”.
Finalmente, el coordinador del grupo parlamentario del Partido del Trabajo, Pedro Vázquez González, afirmó que se pretende crear una situación de caos y total rompimiento del estado de Derecho, y lo hacen al estilo “de los gringos”, con la finalidad de demeritar y mal informar a la opinión pública internacional sobre la situación del país que sin duda ya es crítica. “Tendrían que demostrar con hechos que sus afirmaciones son una realidad”, afirmó
Que indague el MP
El consejero electoral Alfredo Figueroa, señaló que las acciones para perseguir actos ilegales caracterizados por el crimen organizado, corresponden a las autoridades ministeriales en nuestro país, trátese del ámbito que se trate.
El IFE, dijo, es quien organiza la elección, “se fiscaliza a los partidos políticos, se instalan las mesas directivas de casillas y eso es una actividad administrativa de órganos del Estado mexicanos”.