Cerca de un centenar de personas se congregó afuera de las instalaciones de la Procuraduría General de la Republica para manifestarse y “entregarse” simbólicamente a las autoridades. Eran algunos de los 23 mil ciudadanos que firmaron la denuncia en contra del presidente Felipe Calderón por crímenes de guerra y lesa humanidad ante el Tribunal Penal Internacional de La Haya.

 

El contingente integrado por intelectuales, académicos, estudiantes, miembros del movimiento “indignados” y del Sindicato Mexicano de Electricistas encabezados por el investigador John Ackerman y Amílcar Sandoval Ballesteros, hermano del abogado Netzaí Sandoval, quien presentó la demanda ante el Tribunal, el contingente se apersonó en el lugar al grito de “no somos calumniadores, sino ciudadanos de carne y hueso, que nos vean, tenemos nombre y cara”.

 

Entre los personajes, se encontraba el ex militar Francisco Gallardo, firmante también de la denuncia, quien calificó las acciones del gobierno federal como una “traición a la patria” y parte de un esquema de quebrantamientos del reglamento militar por parte de las fuerzas armadas, especialmente por el presidente Calderón, quien como comandante en jefe de las fuerzas armadas “ha dado una serie de órdenes que son contrarias a la constitución”.

 

Del edificio de la PGR salió el Subprocurador Jurídico de Asuntos Internacionales de la PGR, Alejandro Ramos, quien en representación de la Procuradora General de la Republica invito a los manifestantes a formar una comisión que dialogara con las autoridades, a lo cual se respondió con gritos y abucheos entre los que destacaban “¡no venimos a dialogar! ¡Venimos a entregarnos!”.

 

Sandoval Ballesteros respondió: “lo que está usted haciendo es una provocación, lo invito a retirarse”. Ramos se retiró.

 

Ackerman tomó el micrófono y ante un público expectante declaró tajante. “Esto es sólo el principio”, adelantando que pronto harían llegar más información a la Corte Internacional de Justicia.

 

“No damos ni un paso atrás”, terminó el integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en medio de los aplausos de los manifestantes.