La política de México en relación con los refugiados ha sido descrita, en general, como favorable, incluso por organismos internacionales como la ACNUR. Ahora, con la nueva legislación aplicable en el país se les garantiza el acceso a servicios de salud y educativos, al trabajo, alojamiento y subsistencia temporal.

 

Cifras oficiales indican que mil 455 extranjeros radican en el país bajo esa condición. Una encuesta publicada en 2009 por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) revela que  nueve de cada 10 está firme en su decisión de quedarse, y 8 de cada 10 se siente integrado.

 

Según han descrito funcionarios de ese organismo, la política de México hacia los refugiados es, en general, favorable. El estudio de esta oficina mostró incluso que en ciertas circunstancias como la búsqueda de empleo los retos que enfrentan no son atribuibles a su situación particular, ya que enfrentan casi los mismos obstáculos que los mexicanos.

 

En días pasados, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) emitió el dictamen final del anteproyecto de Reglamento de la Ley sobre Refugiados y Protección Complementaria, publicada en enero de este año.

 

Conforme a esa Ley, el reglamento propuesto por la Secretaría de Gobernación (Segob) establece, entre otras medidas, la asistencia institucional de refugiados, con el objeto de garantizar sus derechos, con especial énfasis en su regularización migratoria, atención médica, aprendizaje del idioma español, alojamiento y subsistencia temporal, acceso a servicios educativos, entre otros.

 

Permite además que los refugiados que hay en el país y los que lleguen puedan hacer el trámite para ingresar al territorio nacional a su cónyuge, concubinario, concubina, hijos y parientes consanguíneos hasta el cuarto grado.

 

Pedro Labariega Villanueva, especialista en derecho internacional e investigador de la UAM, la legislación que México ha venido haciendo en la materia brinda un marco jurídico confiable para ese sector de la población.

 

“Estando bajo una reglamentación yo creo que el refugiado tiene protección de todos los abusos que puedan cometer principalmente en la frontera, principalmente en la México-Guatemala, Belice, donde generalmente se da el caso de solicitud de refugio”, comentó.

 

Contar con un marco jurídico claro, agregó, permite además a las autoridades tener un control del ingreso de extranjeros al país. Con normas, el gobierno tiene la obligación de respetar la ley y el refugiado tiene una garantía jurídica en el territorio nacional.

 

En materia de acceso a la atención médica, desde 2009, los refugiados en México tienen la posibilidad de afiliarse al Seguro Popular, derivado de un acuerdo entre la Comisión de Protección Social en Salud y la Subsecretaría de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Segob.

 

En materia de vivienda, el informe presentado por la ACNUR, con base en la encuesta publicada en 2009, muestra que aunque humilde no puede describirse como mala, ni por debajo de los estándares comunes, ya que la mayoría radica en zonas urbanas.

 

Revela asimismo que 95% de los entrevistados habría concluido al menos la educación primaria, 20% tenía licenciatura, 10% maestría y 3.5% doctorado.