El segundo informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) resultó tan demoledor como el de septiembre de 2015 y el caso Ayotzinapa entra en una nueva etapa, aseguró la Arquidiócesis de México.

 

En su editorial dominical Desde la fe, titulada Decadencia legal, la Iglesia señaló que “si bien en el primero (informe) puso en duda el destino final de los desaparecidos, el último fue más allá al esgrimir contundentes recomendaciones sobre la procuración de justicia y el sistema legal”.

 

Destacó que a poco más de un año de que el GIEI inició sus trabajos para aportar elementos relativos al caso de los 43 normalistas desaparecidos, el diálogo se rompió, y su encomienda no fue refrendada bajo polémicas indagatorias contra la verdad histórica.

 

La editorial señaló las conclusiones de los expertos advierten del urgente rediseño del modelo penal, solidificar los procesos de investigación, la atención de las víctimas y, lo más importante, el respeto a los derechos humanos.

 

Afirma que independientemente de la certeza de las conclusiones sobre el caso de los jóvenes desaparecidos, el “informe del GIEI toca los males corrosivos del aparato legal, infectado de burocracia, impunidad, corrupción y de complejidades pseudolegales dilatorias de la justicia expedita”.

 

No obstante la indignación pública, puntualizó, el segundo informe del GIEI mueve a la reflexión al preguntar qué tan efectivamente somos respetados todos los mexicanos en cualquier proceso penal.

 

Consideró que mientras la causa de Ayotzinapa corre entre preguntas, desacuerdos y presunciones, la opinión pública, de forma paralela, es impactada por recientes casos de tortura exhibidos en noticieros, o bien cuando los responsables de la persecución de los delitos, funcionarios, fiscales y ministerios públicos, son descubiertos al exigir a los subordinados resultados con base en números, privilegiando estadísticas y cuotas políticas, y socavando elementales derechos en el proceso penal.

 

Un director de litigación en alguna procuraduría estatal, presuntamente in fraganti en video, afirmó lo que todos suponen: fabricar delitos es cosa común.

 

“El sistema está hecho para cocinar culpables, desgraciando destino y vida de inocentes; las cárceles están ocupadas por gente que nada ha hecho, pero son víctimas de las deformaciones del derecho e injusticias maquiladas en el escritorio para cubrir cuotas sin perseguir delitos reales.

 

Sembrar pruebas, inculpar inocentes, violar el debido proceso y obstruir la justicia con infames tecnicismos y nimiedades legaloides, burlar la contundencia de testigos y probanzas sólidas, son los grandes males que infectan el organismo legal en México.

 

Es claro, la situación no podría ser más desastrosa. Estamos ante la prostitución y perversión del derecho que funciona a los poderosos para aplastar a los mexicanos en desventaja, principalmente a los pobres, quienes son aniquilados en su libertad por sus condiciones sociales y económicas”. Aseguró que el caso Ayotzinapa entra en una nueva etapa y conviene a la presente administración dar un giro drástico, ofrecer verdades contundentes y no actuar por inercia debido al cansancio y descrédito. (Con información de Quadratin)