Los grupos parlamentarios del PRD y del PRI-PVEM en el Senado presentaron, por separado, sus respectivas iniciativas de reforma en materia de Combate a la Corrupción.
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) propone la creación de cuatro leyes: la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública.
En la iniciativa del Sol Azteca se determinan las responsabilidades de los servidores públicos y de personas privadas vinculadas a actos de corrupción, describiendo de manera amplia, las faltas administrativas constitutivas de hechos de corrupción.
Mientras que en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción se pretende ciudadanizar este órgano. En la Ley General de Responsabilidades Administrativas se contempla un esquema para distinguir las faltas administrativas graves en que puedan incurrir los servidores públicos.
En la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas se busca ampliar las facultades de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y elevar a rango de Ley la creación del Sistema Nacional de Fiscalización, además de que la ASF elabore un Sistema de Alertas que genere indicadores de solvencia, liquidez y riesgos, respecto a todo instrumento jurídico que se pueda convertir en un compromiso financiero para las finanzas públicas.
Finalmente, en la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa se pretende dotar a este órgano de autonomía para emitir sus fallos y jurisdicción plena, para imponer sanciones a los servidores públicos por las responsabilidades administrativas que le ley determine como graves.
En tanto, la iniciativa presentada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el Verde Ecologista de México (PVEM) busca expedir tres leyes: la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley General de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos y Particulares vinculados con Faltas Graves y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.
Además de reformar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, de la Ley de Coordinación Fiscal, de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.
En esta propuesta se contemplan sanciones hasta por 20 años de inhabilitación a servidores públicos que cometan faltas graves, y una multa económica hasta de dos tantos del beneficio o perjuicio causado.
Además se busca crear un registro de servidores públicos que participan o intervienen en contrataciones públicas, el cual incluirá nombres y adscripción de quienes intervengan en dichos procesos, ya sea de tramitación, atención y resolución para la adjudicación de un contrato, otorgamiento de una concesión de licencia, permiso o autorización así como enajenación de bienes muebles.