Para dar atención a los familiares de los nuevos casos de personas desaparecidas en Guerrero, la Procuraduría General de la República anunció la creación de un vínculo de ayuda.

 

Se trata de la “Estrategia de intervención psicosocial y jurídica integral de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV)”, informó la PGR.

 

El objetivo es abrir un canal de atención y asistencia para las nuevas denuncias de desaparecidos que han salido a la luz desde que 43 normalistas de Ayotzinapa fueron secuestrados por integrantes de la organización criminal Guerrero Unidos con ayuda de policías municipales de Iguala y Cocula.

 

La iniciativa fue anunciada ayer por CEAV en la iglesia de San Gerardo María Mayela, ubicada en el municipio de Iguala.

 

El párroco de la Iglesia de San Gerardo María Mayela había ayudado a que los familiares de las víctimas se organizaran para tener documentados los casos de desaparecidos pues era común que los familiares no denunciaran por miedo al crimen organizado.

 

Durante la búsqueda de los 43 estudiantes fueron halladas varias fosas clandestinas con restos humanos sin identificar lo que motivo a más de 400 personas a acudir a la iglesia de San Gerardo para que les tomaran muestras de ADN con la esperanza de saber si sus parientes sin localizar estaban ahí.

 

En ese momento comenzaron a salir a la luz evidencias de que había muchas más personas que estaban desaparecidas, algunas desde hacía años, en Guerrero.

 

El caso más reciente fue denunciado el 9 de mayo cuando un grupo armado que estuvo cinco días en Chilapa, Guerrero, ‘levantó’ a 16 personas y al momento no se sabe nada de ellas.

 

Aunque este caso ocurrió entre el 9 y el 12 de este mes, habitantes de la zona aseguran que en los últimos meses suman 30 personas desaparecidas en dicha comunidad.

 

El subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, Eber Omar Betanzos Torres, y el comisionado presidente de la CEAV, Jaime Rochín estuvieron en el anuncio de la Estrategia donde el primero escuchó las demandas de los familiares de las personas desaparecidas.

 

Bentanzos Torres insistió en que la PGR está comprometida a seguir adelante con las investigaciones y mantener vínculos con los denunciantes.

 

También estuvieron el comisionado Julio Hernández Barros; el secretario de Gobierno de Guerreo, David Cienfuegos; el fiscal de la entidad, Miguel Ángel Godínez, así como servidores públicos de las secretarías de Salud y de Desarrollo Social, del DIF nacional y estatal, y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

 

La tarde noche del 26 de septiembre de 2014, policías de Iguala y Cocula se llevaron a 43 estudiantes de nuevo ingreso de la Normal Rural “Raúl Isidro Burgos”, de Ayotzinapa, y los entregaron a integrantes del grupo delictivo Guerreros Unidos quienes decidieron no liberarlos porque presuntamente estaban coludidos con Los Rojos, grupo criminal antagónico.

 

Al momento sólo uno de los desaparecidos ha sido localizado. Los restos de huesos de Alexander Mora Venancio, quien tenía 19 años de edad, estaban en el basurero de Cocula donde prendieron fuego para tratar de borrar las evidencias y fue identificado por peritos argentinos con muestras de ADN.  DM