Los papás de los cinco jóvenes desaparecidos por policías estatales en Tierra Blanca, Veracruz, analizan pedir ayuda en la ONU y denunciar los hechos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que los ayuden en la búsqueda y para ampliar las investigaciones en contra de las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública de dicha entidad.
A tres semanas de que elementos de la policía preventiva de Veracruz los “levantaron” cuando regresaban de Boca del Río, a donde fueron para celebrar el cumpleaños de uno de ellos, no hay avances para localizarlos y quieren que el titular de la SSP de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita, también sea investigado.
“Nosotros creemos que todas las corporaciones de Tierra Blanca están inmiscuidas, y al parecer eran alrededor de 70 policías. Creemos que si el mando principal era el delegado regional, y ya está preso y confeso, quiere decir que el resto de los policías que estaban aquí, todos, tuvieron que estar involucrados de alguna u otra forma.
“Todos deberían estar investigados y que se le investigara al secretario de Seguridad Pública (de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita) porque el delegado le reporta directamente al secretario y a él no lo han investigado.
“Tengo entendido que él es el que pone al delegado y no había pasado los exámenes de control y confianza; no puedo entender cómo un delegado regional no había pasado los exámenes de control y desde cuándo está así, no entendemos cómo alguien qué está al servicio del crimen organizado siga operando en un distrito”, cuestionó Bernardo Benítez, papá de una de las víctimas del delito de desaparición forzada, en entrevista a 24 HORAS.
Mario Arturo Orozco Sánchez, de 28 años de edad; su novia Susana, de 16 años de edad, estudiante de tercer semestre en el colegio de bachilleres plantel 18; Bernando Benítez Arroniz, de 25 años, licenciado en administración de empresas; su primo José Benítez de la O, de 24 años, ingeniero mecánico automotriz, y José Alfredo González Díaz, de 25 años, quien trabaja en un rancho y estudió hasta la secundaria, fueron desaparecidos por policías de la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz el 11 de enero cuando viajaban en un auto con placas de Distrito Federal, sobre la carretera federal de Tierra Blanca rumbo a Playa Vicente, de donde son originarios.
Los familiares de las víctimas esperan que en las próximas horas la Fiscalía de Justicia local les enseñe fotos de las prendas y objetos que localizaron la semana pasada en el rancho El Limón, en el municipio de Tlalixcoyan, para saber si son de sus hijos.
Este lugar se localiza a una hora de Tierra Blanca donde fueron levantados.
En tanto, los papás de los cinco desaparecidos van a mantener el plantón afuera de la agencia del Ministerio Público de Tierra Blanca hasta que se resuelva el crimen aunque han sido amenazados.
Un delito continúo
La desaparición forzada es un delito “continuo” conforme al derecho internacional, dado que persiste en el tiempo y sigue causando sufrimiento a los familiares de las víctimas, establece la organización humanitaria Human Rigths Watch (HRW).
El organismo internacional publicó en su informe del año pasado que corporaciones de los tres niveles de gobierno han participado en numerosos casos de desaparición forzada y prácticamente en ningún caso las autoridades localizan a las víctimas.
La impunidad es un fuerte incentivo para se sigan cometiendo estos delitos, advierte AI.
Hasta abril de 2014 ninguna autoridad había sido condenada por el delito de desaparición forzada, lamentó HRW quien confirmó 60 casos donde policías estatales fueron los responsables y en ninguno de 249 eventos hubo culpables.
El Gobierno federal no precisa cuántos casos fueron por desaparición forzada y las medidas que aplica han sido poco efectivas.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ha documentado 30 casos de desaparición forzada y halló evidencia de la participación de agentes del Estado en otros 600.