El líder parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado de la República, Fernando Herrera, indicó que esa bancada se sumará de lleno a las exigencias al Ejecutivo Federal, para que “ponga un alto” a los gobernadores salientes de los estados de Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua.

 

Lo anterior tras acusar al veracruzano Javier Duarte; al chihuahuense César Duarte y al quintanarroense Roberto Borge, de pretender evitar que los actos de corrupción y malos manejos administrativos en que incurrieron, sean sancionados por los siguientes mandatarios estatales.

 

El legislador criticó que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) pretenda “mirar la paja en el ojo ajeno y no en el propio”, al justificar el proceder ilícito de los gobernadores señalados, acusando por presuntas irregularidades a gobiernos panistas.

 

Herrera Ávila señaló que el titular del Ejecutivo Federal no puede aceptar que sus correligionarios evadan sus responsabilidades, queden en la impunidad y entorpezcan el desempeño de los siguientes gobernadores.

 

Recalcó que los gobernadores de las entidades referidas, están promoviendo leyes y “paquetes de impunidad” para blindarse ante la eventual aplicación de la ley en su contra, por las irregularidades administrativas cometidas durante sus respectivos encargos.

 

Dijo que las anomalías en Veracruz, Quintana Roo y Chihuahua no pueden ser vistas como asuntos de tipo “local”, porque se trata de “ejemplos nocivos” para el resto del país.

 

Lamentó que los integrantes del tricolor no asimilen el mensaje de los votantes que acudieron a las urnas el pasado domingo 5 de junio, y se manifestaron contra la corrupción en los estados referidos.

 

Recalcó que en esos puntos del país, se están imponiendo nombramientos en las áreas de contraloría y rendición de cuentas, a fin de mantener en la impunidad las violaciones a la ley y excesos cometidos por Duarte de Ochoa, Duarte Jácquez y Borge Angulo.

 

Enfatizó que en el caso de Veracruz, el mandatario saliente propuso a personas “a modo” para ocupar los puestos de Fiscal General, de magistrados del Tribunal Contencioso Administrativo, el fiscal local anticorrupción y el contralor del estado.

 

En Chihuahua, abundó, el gobernador planteó crear una Fiscalía Especializada Anticorrupción, pero que estará a cargo de personas allegadas a él; aunado a que busca cambiar los plazos para el pago de una deuda de tres mil millones de pesos; así como obtener un nuevo empréstito por más de seis mil millones de pesos, lo que comprometerá durante los próximos 20 años, el pago de las cuotas de peaje en ese territorio.

 

Respecto a Quintana Roo, el líder de los panistas en el Senado acusó que se promovió la transformación de la Procuraduría del Estado en una Fiscalía General, con el fin de dejar en el puesto durante los próximos nueve años, a una persona incondicional del gobernador saliente; aunado a que se busca imponer el nombramiento de tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado y al nuevo Auditor Superior del Estado. | JMS