Pese a que de 2001 a 2013 el gasto federal en seguridad se incrementó en 200%, la transparencia con la que se ejerció y los resultados en la materia han sido muy escasos, lo que se refleja en la permanencia de altos índices de violencia y en la poca efectividad en la procuración de justicia.

 

Un ejemplo de ello es la discrepancia del número de sentencias logradas respecto al de delitos cometidos, pues de 2001 a 2012 sólo 24% de los ilícitos en el país derivaron en una sentencia.

 

En 2013, 77% del gasto público en seguridad fue ejercido por el gobierno federal y sólo 23% por los gobiernos de los estado (subnacionales), pese a que 93% de los delitos registrados corresponden al fuero común y únicamente 7% al fuero federal, detalló la organización Ethos, Laboratorio en Políticas Públicas, en la presentación del estudio “Gasto Inteligente en Seguridad: Diagnóstico y Propuestas”.

 

Tras el análisis de la cuenta pública de esos 12 años, los especialistas indicaron que la incidencia delictiva es el indicador más visible sobre la falta de eficiencia del gasto público, pues se observó que de 2001 a 2007 el gasto federal no fue del todo efectivo porque en ese período la cantidad de delitos creció a la par del gasto. Para después de 2007 la incidencia registró una tendencia a la baja, aunque en 2013 el nivel de violencia no fue menor a lo registrado en 2005.

 

De acuerdo con el análisis, comparar las prioridades de gasto con el diagnóstico de la inseguridad es otro indicador sobre la efectividad del gasto público federal, ya que permite identificar cuáles son los delitos que han tenido mayor crecimiento en los últimos años y si el egreso se ha destinado a los rubros necesarios para hacerles frente.

 

En este sentido, de 2008 a 2013 los ramos administrativos que concentraron 68% del gasto federal en seguridad fueron el de la Defensa Nacional (26.9%), Poder Judicial (20.6%) y Seguridad, ante el ejercicio de dichos recursos, la consultora refirió en su estudio que la transparencia y rendición de cuentas son fundamentales, no sólo para informar a los ciudadanos sobre las acciones gubernamentales realizadas, sino también para otorgar mayor legitimidad al gobierno y obtener una mejor toma de decisiones.

 

La diferencia en la eficacia y eficiencia de cómo explotar el gasto público en cada entidad depende íntegramente de esa dicha transparencia y toma de decisiones, debido a que Ethos apunta a que el esfuerzo en el combate delictivo en muy distinto entre uno y otro estado.

 

“A nivel subnacional, la opacidad se centra en el manejo de los recursos del FASP y SUBSEMUN, los cuales han sido los más auditados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), debido a sus irregularidades”, señaló José Luis Chicoma, director general de Ethos.

 

El estudio se explica que a nivel estatal el gasto también parece ser inefectivo, ya que el presupuesto ejercido se incrementó 97%, mientras que los delitos del fuero común han aumentado en 24%.

 

¿Qué hacer para ejercer un gasto inteligente?

 

* Invertir más en políticas preventivas.

 

* Incrementar el número de agentes del Ministerio Público y sus capacidades para evitar que la institución sea un cuello de botella para la impartición de justicia.

 

* Fortalecer las capacidades de las policías estatales.

 

* Establecer estándares mínimos de calidad para reportar información sobre gasto público en seguridad en los tres niveles de gobierno