La Comisión Permanente pidió a la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional una reunión de trabajo con los servidores públicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y de la Procuraduría General de la República (PGR) para que expliquen el estado en que se encuentran los procedimientos penales en contra de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

 

También los llamó a detallar el estado que guardan las solicitudes de extradición que ha hecho el gobierno de Estados Unidos, así como las eventuales negociaciones relacionadas con los bienes y recursos económicos que resulten de los decomisos que se han realizado o se realicen, de conformidad con la legislación aplicable y los convenios vigentes entre ambos países.

 

Al fijar su postura, el coordinador de los senadores del PRD,  Miguel Barbosa Huerta, cuestionó la existencia de nuevos datos que se obtuvieron con la nueva aprehensión de “El Chapo” Guzmán, sobre la red de complicidades políticas y económicas que le permitieron construir un imperio criminal.

 

Y consideró que el traslado a Ciudad Juárez es una decisión de Estado, y ésta no le corresponde sino al sistema penitenciario, y el Senado debe apoyar esa decisión, como integrantes de un órgano del Estado; porque “nadie quiere ver al ‘Chapo’ Guzmán nuevamente fuera”, comentó.

 

El diputado Virgilio Caballero Pedraza, del Grupo Parlamentario Morena, dijo que el secretario de Gobernación debe dar una explicación del porqué se realizó el traslado del capo, además de detallar cómo se fugó anteriormente de un penal de máxima seguridad.

 

Emilio Enrique Salazar Farías, diputado del PVEM, comentó que se debe considerar que los bienes incautados en ambos países sean utilizados para apoyar el combate a la delincuencia organizada y el tráfico de drogas.

 

En tanto el panista, Federico Döring, dijo que el Congreso de la Unión debe tener la información sobre cómo ha avanzado el proceso de extradición, cómo está integrada la solicitud de Estados Unidos, y qué está negociando el gobierno de la República, en el contexto de la extradición.

 

“Lo que quisiéramos saber exactamente es cuál es el total de la masa financiera y el total de causas penales que quiere acreditar el gobierno estadunidense, y acumular en contra de Joaquín Guzmán, porque cuando tenga una sentencia firme, nos tendrá que retroalimentar o regresar parte del dinero manchado de sangre que no queremos que se quede el gobierno estadunidense”, dijo.

 

Por el PRI, fijó postura el diputado Edgar Romo García, quien exigió que los recursos decomisados sean repartidos de acuerdo a la legislación aplicable y los convenios en materia de delincuencia organizada y de extradición.

 

El diputado Guadalupe Acosta Naranjo, del Grupo Parlamentario del PRD, refirió que a pesar de que es la tercera vez que el gobierno federal detiene a Joaquín Guzmán Loera, no se le ha quitado un solo peso de lo que ha ganado por el tráfico de drogas; por lo que para combatir a fondo el problema, se tienen que terminar con las redes financieras de lavado de dinero.

 

“Si no tenemos una política para desmantelar el enorme poder financiero y económico de los cárteles, no estamos haciendo nada efectivo. La tercera vez que lo detienen y no se le quita nada”, dijo.

 

tpc