Javier Corral, gobernador de Chihuahua  rechazó que el ex mandatario estatla, César Duarte  sea un perseguido político, luego de que los abogados de éste interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de la entidad.

 

“Lo estamos persiguiendo por lo que se robó, no por sus ideas políticas ni su filiación; es una acto de cinismo político. Tenemos mucho cuidado en distinguir la persecución en materia penal, y no significa una persecución al priismo, porque la conducta de Duarte no dibuja a los priistas en lo general”, aseveró Corral en una entrevista con medios locales.

 

En tanto José Luis Armendáriz, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), señaló a 24 HORAS que la queja es por presuntamente utilizar el aparato gubernamental para perseguirlo políticamente y afectar su honorabilidad y derecho a la privacidad.

 

Presuntas violaciones

 

 
Explicó que el viernes  se notificó y que es una denuncia en contra del Gobierno del Estado, en específico en contra del actual gobernador, y los hechos que se narran son violaciones a los derechos humanos
“Sostienen que el Gobierno del Estado ha aprovechado la infraestructura para denostar políticamente y estar atribuyéndole la comisión de delitos que no han sido comprobados en los que no hay una sentencia firme y en la que se afecta, desde luego, la presunción de inocencia en tanto no exista una sentencia condenatoria”, expuso Armendáriz una en entrevista con 24 HORAS.

 

Dijo que se solicitaron los informes respectivos y se debe seguir el proceso de integración en cuanto al seguimiento, los plazos y términos de los trámites.

 

El presidente de la CEDH subrayó que están obligados a dar seguimiento de las quejas que se presentan: “vamos a esperar (a ver) que nos arroja la investigación, una vez que se cumplan los plazos y se ajusten las diligencias de ambas partes se resolverá lo procedente y tenemos que emitir una resolución en su momento… y pueden ser meses”.
Comentó que también presentaron quejas  los abogados del ex alcalde Javier Garfio, el ex director de Administración de Hacienda, Gerardo Villegas y el ex titular de Educación estatal, Ricardo Yáñez, argumentando que los tienen incomunicados luego de haber sido arrestados.