Amado Omar Yáñez Osuna, ex propietario de Oceanografía, fue enviado al Reclusorio Sur, acusado de cargos por el fraude a instituciones de crédito y, a diferencia de la vez anterior, la clasificación del delito que se le imputa es grave, por lo que no alcanza fianza.
Esto se considera un delito si, como consecuencia, se origina un quebranto o perjuicio patrimonial para la institución cuando el monto de la operación quebranto o perjuicio patrimonial, exceda el equivalente a los 350 mil días de salarios mínimos.
Luego de realizarse la primera audiencia ante el juez, el empresario se negó a declarar y solicitó la duplicidad del término, esto significa que tiene 144 horas para recopilar pruebas a su favor, y el lunes será definida su situación jurídica, es decir, si se le dicta auto de formal prisión o de libertad, indicó el Consejo de la Judicatura Federal en un comunicado.
El empresario se encuentra en el área de acceso en el Reclusorio Preventivo Varonil Sur, el cual se caracteriza por tener condiciones de vida menos drásticas para los internos, y con un registro menor de sobrepoblación.
El miércoles por la noche, el dueño mayoritario de Oceanografía ratificó su declaración ministerial ante el Juzgado 14 de Distrito de Procesos Penales Federales, en la cual reconoció que son de su puño y letra las firmas plasmadas en el documento durante la puesta a disposición ante el agente del Ministerio Público.
De no conseguir el auto de libertad, deberá enfrentar su juicio en internamiento hasta que el juez 14 de Distrito de Procesos Penales Federales, Rubén Darío Noguera, dicte sentencia por el delito de violación a la Ley de Instituciones de Crédito con base al artículo 112, fracción IV, por haber usado los créditos que le otorgó Banamex para fines distintos al financiamiento de sus contratos con Pemex, ocasionando un perjuicio patrimonial a la institución bancaria.
En este caso no se ha precisado de cuánto fue el quebranto financiero que presuntamente cometió Yáñez Osuna, sin embargo, en el primero pliego de consignación, por el proceso por el que alcanzó su libertad bajo caución se habló de 585 millones de dólares otorgados en un crédito bancario en agravio de Citigroup a través de su filial en México, Banamex, el inculpado nunca pisó la cárcel.
El crédito fue solicitado para cumplir con las obligaciones con Petróleos Mexicanos, y con ese fin fue otorgado por Banamex, sin embargo, se presume que fue empleado en gastos personales ajenos al origen mismo del préstamo.
El 24 de marzo se presentó a declarar de manera voluntaria ante la PGR, quien solicitó inmediatamente una orden de arraigo domiciliario en contra del implicado, la cual se concretó en su residencia de Acapulco.
Aunque nunca hubo orden de aprehensión en su contra, sólo de localización y presentación.
Agotados los primeros 40 días de arraigo, la PGR solicitó un nuevo plazo de la medida, la cual no se cumplió en su totalidad, pues el 20 de mayo, repentinamente y sin ningún tipo de anuncio oficial, fue trasladado a un hospital privado en el Estado de México para una supuesta intervención quirúrgica de urgencia.
Durante su hospitalización la PGR solicitó la orden de aprehensión, que le fue concedida por el juez 14 de Distrito en Procesos Penales Federales, y se cumplimentó con el indiciado en el hospital, por ello, el MP federal consignó el expediente sin detenido ante el juez.
En esa primera consignación, el delito previsto en el artículo 112, fracción V, de la Ley de Instituciones de Crédito, era el único que no está tipificado como grave, por lo que alcanzó fianza para enfrentar su proceso en libertad, siete meses después del escándalo del fraude, nuevamente es aprehendido y ahora sí enviado al reclusorio.
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