Un tribunal federal anuló la sanción que la Secretaría de la Función Pública (SFP) dio en 2017 contra la constructora brasileña Odebrecht, que fue inhabilitada por cuatro años, y que impide a cualquier dependencia federal efectuar contratos.
La dependencia detalló que una vez desahogadas las pruebas que ordenó la instancia jurisdiccional, se emitirá la resolución que en derecho corresponda.
Ayer, la SFP difundió a través del Diario Oficial de la Federación una circular dirigida a la Procuraduría General de la República (PGR) y a Petróleos Mexicanos (Pemex) en la que se señala que la decisión de los magistrados favoreció a Odebrecht.
“Se comunica a las dependencias, PGR y entidades de la Administración Pública Federal, Empresas Productivas del Estado y sus Empresas Productivas Subsidiarias, así como a las Entidades Federativas cuando utilicen recursos Federales conforme a los convenios celebrados con el Ejecutivo Federal, que se deja insubsistente todo lo actuado en el expediente PTRI-S-005/2017, a partir del acuerdo de fecha 5 de septiembre de 2017”, detalló.
De acuerdo a la sentencia del Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, refiere que no es posible una defensa adecuada si el inculpado sólo cuenta con los datos reflejados en el acuerdo de inicio del procedimiento administrativo, pero sin contar con los elementos de prueba que estime necesarios para llevar a cabo su defensa, como son las copias certificadas del dictamen contable financiero del 21 de agosto de 2017, solicitadas a la autoridad responsable.
En un comunicado la SFP reiteró su respeto a las determinaciones de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, detalló que dicha sentencia será atendida en todos sus términos, “la resolución tiene que ver con una cuestión de forma y no prejuzga sobre el fondo del asunto”.
Indicó que no compromete ninguna de las otras siete sanciones impuestas sobre este tema –tres contra la empresa y/o sus filiales, dos contra sus representantes legales y dos más contra un servidor público de Petróleos Mexicanos– así como los tres procedimientos administrativos que la SFP está substanciando.
LEG