Cuando el homicidio de Félix Aguilar Caballero, presidente municipal electo en Nopalucan, fue confirmado durante la noche del lunes 3 de septiembre, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se aprestó a revelar la presunta participación del occiso en el robo de trenes que se registra en aquella región.
José Tlachi Meneses, subsecretario de operaciones de la SSP, dijo de manera oficial que el homicidio de “El Tanque”, como se le conocía al candidato del PVEM, podía estar ligado a un “ajuste de cuentas” entre bandas dedicadas al asalto de trenes y huachicoleros. Además, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó ayer que, entre las líneas de investigación por el crimen, “ninguna está relacionada con su actividad política”.
Ambas declaraciones revelan que las autoridades estatales tenían conocimiento sobre la probable participación criminal de un candidato electo… y decidieron mantenerse al margen.
No se trataba de indicios débiles. Aguilar Caballero mantenía una disputa con la Confederación de Trabajadores de México (CTM), que en junio lo acusó de acompañarse de hombres “fuertemente armados” para intentar secuestrar a uno de sus agremiados, y el teléfono de emergencia 911 recibió “en múltiples ocasiones” –según versiones filtradas a la prensa- alertas sobre la supuesta participación del candidato electo en actos criminales.
Así, con ese historial, el candidato del PVEM recibió el pasado 1 de julio un total de 2 mil 921 votos en las urnas instaladas en Nopalucan, y nada le habría impedido rendir protesta el 15 de octubre próximo.
Qué dice la ley
En la ley electoral, la probidad de los personajes que se postulan a cargos de elección se relega prácticamente a los partidos políticos, pues el Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de Puebla guarda sólo tres prohibiciones relacionadas a la justicia cuando se trata del registro de candidatos.
El código indica que no podrán postularse quienes “hayan perdido o tengan suspendidos sus derechos civiles o políticos”, quienes hayan sido inhabilitados “por sentencia judicial o resolución administrativa firme” en algún cargo anterior, y quienes sean declarados “legalmente incapaces” de competir.
Con tal marco legal, el principal filtro de cada proceso electoral son las fuerzas políticas. Pero han demostrado poca capacidad para identificar los nexos de sus candidatos, el origen de los recursos con los que sustentan sus actividades políticas y su pasado.
El crimen se ha colado –o ha intentado colarse- en casi todos los colores: desde Morena y el PT, que estuvieron a punto de postular al tío de un líder huachicolero asesinado por otra célula criminal-, hasta partidos locales como el PSI, que convirtió a Pablo Morales Ugalde en alcalde de Palmar de Bravo antes de que la Marina lo detuviera por sus probables vínculos con el crimen dedicado a la extracción y venta de hidrocarburos.
LEG