El supuesto cambio de orientación política de los libros de texto gratuito tiene como contención la propia Constitución mexicana, la Ley General de Educación y los planes y programas de estudio.
Es decir, por mucha voluntad que le ponga Marx Arriaga, director de Materiales Educativos de la SEP, para incluir sus propias inclinaciones políticas, eso no se podrá hacer.
Habrá quien piense -y con sobradas razones- que al actual Gobierno no le importan las leyes y por lo tanto los libros de texto están destinados a ser el nuevo catecismo de la 4T, a exaltar a Fidel Castro o Hugo Chávez, además de Marx, pero tratándose de la educación la misma reforma educativa y su ley reglamentaria, impulsada por la actual administración, impiden que ello ocurra.
Es cierto que el tacto de elefante que mostró Marx Arriaga al publicar una pésima convocatoria para la revisión de los textos que se hace cada año y que no comenzó en marzo sino en diciembre pasado, provocó esta revuelta a partir de la que se cree que Morena pretende reescribir la historia desde su muy particular visión de la izquierda y el socialismo.
La verdad es que el contenido de los libros de texto se adecua cada año; para ello existe una comisión en la que participan especialistas y, en este año, por primera vez lo harán los maestros, quienes son los que conocen al dedillo los planes y programas de estudio.
No hay en la Carta Magna margen para la interpretación; cualquier modificación a los textos de educación básica que no se ajusten a este criterio pueden ser fácilmente impugnados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Es cierto que el debate lo provocó un marxista bisoño en la administración pública al que se le concedió una responsabilidad que le quedó grande, pero también es cierto que no ayuda a la comprensión y claridad del tema las declaraciones del presidente López Obrador, que responsabilizó a los asesores del liberalismo el cambio de orientación, a la derecha, de los textos de educación básica.
No hay tal.
Lo que sí hubo -y eso se lo debemos al último secretario de Educación del peñismo, Aurelio Nuño-, un descuido quizá cómplice que permitió incluir en los planes de estudio una materia denominada “autonomía curricular’’, que básicamente consistía en que los maestros ocuparan una hora o más del tiempo en el aula para enseñar lo que quisieran, literalmente.
Los textos serán revisados como cada año, pero en la comisión revisora no hay la intención de obligar a leer El Capital desde la primaria.
****
Desde el 18 de marzo pasado, las alumnas de las carreras de danza, actuación y escenografía, de la Escuela Nacional de Arte Teatral (ENAT) mantienen un paro no activo en demanda de que se atiendan ¡90 denuncias de abuso sexual!, cometidas por maestros, terapeutas y alumnos del plantel que pertenece al INBAL.
La directora del ENAT, Gabriela Pérez Negrete, ha hecho como que simpatiza con el movimiento; les informó a las jóvenes que había separado a dos docentes y que el Comité de Ética analiza siete denuncias “que ya están en curso’’.
Pero mientras informa lo anterior, les advirtió a las paristas que si hoy no regresan a clases y no cumplen con el mínimo de asistencias perderán el semestre.
Las jóvenes denuncian que ni Pérez Negrete ni la secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, les han garantizado un ambiente de estudio seguro y libre de abuso sexual, por lo que decidieron mantener el paro hasta el 17 de este mes en el que darán a conocer su pliego de peticiones que se resume simplemente en una palabra: seguridad.
LEG