Entre 2019 y 2020, el Gobierno de la Ciudad de México ha sancionado a 2 mil 52 servidores públicos por diferentes actos de corrupción desde la administración pasada.
Esto, luego de que la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México informó este martes resolvió sancionar a mil 680 personas servidoras públicas, de las cuales mil 613 se desempeñaron como tales en la administración anterior y 67 de alcaldías y otras dependencias de la actual administración, con lo cual ya suman 2 mil 52 sanciones.
De acuerdo con el Informe de acciones realizadas en el período de enero de 2019 a febrero de 2020, llevadas a cabo por los Órganos Internos de Control en las diferentes Dependencias, Entidades y Alcaldías, dentro de las conductas sancionadas por la SCG destacan el uso indebido de atribuciones y recursos, conflicto de intereses, el cohecho, así como el tráfico de influencias.
Del total de personas servidoras públicas de administraciones pasadas a las que se les fincaron responsabilidades, a 197 se les impuso una sanción de entre 1 a 20 años de inhabilitación; 16 con menos de 1 año y hasta tres meses de inhabilitación; y mil 400 con sanciones por faltas a la normatividad.
Personas servidoras públicas sancionadas de la administración pasada durante el periodo señalado:
En el caso de las personas servidoras públicas de la actual administración, se reportan tres con sanción de 1 a 20 años de inhabilitación; una con sanción menor a 1 año de inhabilitación; así como 63 personas servidoras públicas con sanciones por falta a la normatividad.
Esto, como parte de un total de 9 mil 437 personas en investigación, mismos que se encuentran en espera del levantamiento de suspensión para la aplicación de las sanciones correspondientes.
Personas servidoras públicas de la actual administración suspendidas mientras son investigadas:
La Contraloría sostuvo que, como resultado de las denuncias realizadas por esta Secretaría, se han iniciado 24 carpetas de investigación en contra de 27 personas exservidoras públicas, de las cuales cinco han sido ya detenidas y cinco más cuentan con órdenes de aprehensión pendientes de ejecución.
Por otra parte, producto de la investigación realizada por la Secretaría de la Contraloría General a 15 empresas que participaron en la reconstrucción de inmuebles afectados por los sismos de septiembre de 2017, se presentaron las denuncias penales correspondientes que han derivado en varias órdenes de aprehensión en contra de representantes o miembros de éstas.
fahl