A poco más de un día de firmarse el decreto de su creación, ya se presentó el primer amparo colectivo en contra del Fondo de Pensiones del Bienestar.
Esto, por parte de 727 empleados tanto del sector público como el privado que son representados por el despacho Trusan & Roma, los cuales interpusieron la medida pues consideran que el nuevo Fondo afecta la forma en que serán manejadas sus pensiones.
En X (@TrusanRoma) el despacho compartió un clip en el que aparece el abogado Rodolfo Martínez, socio de la firma y académico de la UNAM, según su descripción en X (@Rodolfo_mtza), quien detalla:
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“Este primer amparo de 727 personas que pertenecen tanto al sector privado como al sector público, es decir servidores públicos que trabajan en varias dependencias del Gobierno federal, están presentando esta demanda de amparo porque afecta la forma en cómo decidieron que iban a manejarse en el futuro sus recursos en las diferentes administradoras”.
Informamos que presentamos el primer amparo en contra de las reformas a las leyes de pensiones.#afores #pensiones pic.twitter.com/KXj2eIrCRC
— Trusan & Roma, Abogados (@TrusanRoma) May 2, 2024
El representante de los trabajadores de dependencias como el INEGI, INE, Infonavit, entre otras, indicó que la Reforma es anticonstitucional, ya que es retroactiva y que “vulnera el principio de seguridad jurídica”, por lo que adelanto que:
“Anunciamos también que en las próximas semanas cientos de trabajadores del Inegi, de la Comisión Nacional Bancaria, de la Guardia Nacional, así como del Instituto Nacional Electoral (INE) y varias dependencias federales más procederán a presentar sus demandas de amparo para que sus ahorros no se vean afectados”.
El 30 de abril, tras ser aprobada en el Congreso se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma para la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar, por lo que la mañana del 1 de mayo de 2024, Día del Trabajo, el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el decreto de su creación.
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Según lo establece el decreto, las Afores deberán devolver a la Federación los recursos no reclamados por los trabajadores de más de 70 años.
LEO