Cuando el presidente Salinas decidió fundar la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, un ministro de la corte, Gudiño Pelayo, escribió un libro para señalar que se estaban creando estructuras paralelas que distorsionan el funcionamiento del Estado y lo tituló El Estado contra sí mismo.

La CNDH se creó como un organismo intermedio para que el Estado pudiera seguir manipulando, a través de funcionarios designados, uno de los gravísimos problemas del régimen autoritario: la violación de los derechos ciudadanos por parte del Estado y sus funcionarios. Pero en lugar de fortalecer las instancias jurídicas existentes -la PGR, sobre todo- se inventó una comisión con reglas que no pudieron defender los derechos de los ciudadanos.

La prueba de fuego de la CNDH se dio en el Gobierno de Fox cuando se ordenó la investigación de los crímenes políticos del Estado priista del pasado -es decir: la represión institucional contra disidentes- y el proceso de investigación se perdió en las reglamentaciones, sólo se pudo indiciar al expresidente Luis Echeverría y se le inventó un cargo no acreditable de genocidio.

A lo largo de su existencia, la Comisión se convirtió en una burocracia elefantiásica ahogada en papeleos y sin capacidad de decisión; su fundador fue el exrector de la UNAM, Jorge Carpizo McGregor, y el organismo solamente le dio oportunidad para sus histerias políticas, pero no pudo consolidar el organismo como lo que debió haber sido desde el principio: una Defensoría del Pueblo.

La actual presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, acaba de proponer la desaparición del organismo, pero planteó que en su lugar se creará la Defensoría del Pueblo, aunque toda la campaña en contra sólo atendió la ineficacia de la Comisión.

Si los violadores de los derechos humanos son el Estado y el Gobierno, entonces cualquier defensoría de las garantías constitucionales y ciudadanas deben estar fuera del Estado y del Gobierno. La CNDH es un organismo autónomo que no sirve.

 

Zona Zero

  • El compromiso de Rosario Piedra Ibarra era honrar la histórica tarea de su madre, doña Rosario Ibarra de Piedra, quien llevó la lucha contra la represión a un enfrentamiento con todo el aparato policiaco y de seguridad política del Estado desde la época de Echeverría en que su hijo fue secuestrado, torturado, asesinado y desaparecido, violando sus garantías individuales por parte de la entonces oficina de la represión institucional: la Dirección Federal de Seguridad.