Hasta 20 años de prisión a los funcionarios públicos, así como a sus familiares y socios que incurran o participen en actos de corrupción inmobiliaria, es la sanción con la cual el Gobierno de la Ciudad de México busca inhibir este delito.
Para ello, el mandatario local Martí Batres presentó una iniciativa de reforma al Código Penal de la capital del país en la cual se endurecen las penas a quien o quienes den la autorización de la construcción de inmuebles o pisos adicionales a los establecidos por la ley.
Martí Batres confió en que estas modificaciones a la norma sean analizadas y aprobadas, sin ningún problema durante el próximo periodo ordinario de sesiones del Congreso capitalino.
Durante la presentación, el jefe de Gobierno explicó que estas ilegalidades se realizan mediante permisos emitidos, por parte de las autoridades, con el objetivo de recibir dinero o departamentos para beneficio personal y que, en consecuencia, encarecen la vivienda y propician riesgos de protección civil para la ciudadanía.
La iniciativa creará el capítulo XV en el Código Penal local, donde se establecerá el “delito de corrupción inmobiliaria”, comentó Batres quien subrayó que la sanción de este delito será de 10 y hasta 20 años de cárcel, además que el castigo se agravará cuando el servidor público tenga beneficio económico o en especie.
“Se agravarán en una mitad más las penas, cuando obtenga algún beneficio económico, ya sea efectivo o en especie el propio servidor público, su cónyuge, descendientes, ascendientes, parientes por consanguinidad o afinidad y hasta el cuarto grado; concubina, pareja permanente, adoptante o adoptado a cualquier tercero con el que tenga vínculos afectivos – económicos”, concluyó.
Desde el Palacio del Ayuntamiento, el mandatario capitalino comentó que el objetivo de la iniciativa es poner un alto a la corrupción inmobiliaria, la cual está dañando el sano desarrollo urbano en la Ciudad de México, asimismo indicó que prevé la aprobación de esta reforma en el próximo periodo de sesiones del Congreso de la Ciudad de México.
El mandatario local estableció que el delito de corrupción inmobiliaria por parte de un servidor público es cuando se permite que por acción u omisión o tolere la construcción de inmuebles o la construcción de pisos adicionales a los autorizados.