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Foto: Cuartoscuro | Asociaciones de médicos piden parlamento abierto para analizar regulación de objeción de conciencia  

Federaciones, Asociaciones y Colegios de Médicos del país pidieron al Senado un parlamento abierto para analizar la reforma aprobada por la Cámara de Diputados que regula la objeción de conciencia.

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En un evento encabezado por el exsecretario de Salud, José Narro Robles, la médico cirujano Rosario Larios, y el diputado panista Éctor Jaime Ramírez Barba, se urgió a la Cámara Alta a abrir espacios de análisis de la actual modificación a la Carta Magna que incluye y regula la objeción de conciencia en el aspecto médico, hecho que los participantes al evento calificaron de “criminalización”.

En su participación, Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud de San Lázaro dijo al respecto que:

“El llamado debe ser para que el Senado haga un parlamento abierto en el que se puedan escuchar esos errores de ‘copy and paste’, que cometieron legisladores de Morena y aliados para hacer inválido el derecho a la salud en México (…) no queda claro si realmente es como un pretexto médico o es un derecho, estamos convencidos de que es un derecho absoluto, el derecho a la objeción de conciencia”.

En el mismo tenor, Rosario Laris dijo que limitar la objeción “a la larga va a afectar los servicios y la prestación de los servicios de salud a los pacientes, y esto es algo muy importante que deben considerar nuestros legisladores”.

Por su parte, el doctor Luis Francisco Molina Jaimes, presidente del Consejo Mexicano de Medicina general rechazó la reciente reforma aprobada por la Cámara de Diputados pues considera que:

“(Es) criminalización del derecho a la objeción de conciencia, nos manifestamos y reclamamos nuestra autonomía y libertad como profesionales de la salud, y exigimos además el derecho que nos corresponde a la objeción de conciencia”.

Mientras que Narro Robles -exrector de la UNAM- comentó que la Ley aprobada el pasado martes lo que logrará es una “persecución contra el personal médico y enfermeras” tanto en lo público y lo privado.

A la par, se proyectó un video en el que los protagonistas -presuntos médicos- discuten la reforma avalada por la mayoría de los legisladores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena):

“Más bien cansada de la mayoría de nuestros diputados (…) muchos de ellos eliminaron nuestro derecho a la objeción de conciencia y lo peor de todo, lo decidieron sin tomarnos en cuenta pero los senadores aún pueden corregir”.

Por otro lado, la asociación Católicas por el Derecho a Decidir escribió en su cuenta de X (@CDDMexico) que lo aprobado por los diputados federales se trata de un recurso para proteger la libertad de conciencia del personal médico y/o de enfermería que les permitiría no realizar un proceso con el que no están de acuerdo según sus creencias.

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Y destacaron:

“Regular la objeción de conciencia no la elimina; respeta la libertad del personal de salud al rechazar ciertos procedimientos por razones personales.Reconoce su papel en la libertad de conciencia, sin interferir en otros derechos fundamentales ni obstaculizar la atención médica”.

 

La reforma a Ley General de Salud

La semana pasada, con 304 votos a favor, 101 en contra y 13 abstenciones, el Pleno de San Lázaro aprobó incluir en la Ley General de Salud el concepto de objeción de conciencia, el cual se define como el derecho individual que tiene el personal del Sistema Nacional de Salud, para excusarse a realizar un acto médico, al considerarlo incompatibles con sus convicciones religiosas, principios morales o de conciencia ética.

El documento indica que las unidades de salud deberán contar con personal de carácter no objetor, para asegurar la atención médica de todas las personas, evitando que la prestación del servicio resulte inútil o extemporáneo y sin ninguna forma de discriminación.

Y se señala que, para ejercer el derecho a la objeción de conciencia en un procedimiento sanitario, el personal médico deberá informar previamente su decisión a la institución, a fin de garantizar el acceso efectivo al derecho humano a la salud.

PGR