Para evitar más crímenes impunes en bares, antros y restaurantes, el diputado local Aníbal Cañez planteó que sean responsables penalmente las empresas propietarias
Foto: Congreso El diputado hizo hincapié en la urgencia de que estos giros comerciales cuenten con cámaras de videovigilancia y personal capacitado  

Para evitar más crímenes impunes en bares, antros y restaurantes, el diputado local Aníbal Cañez planteó que sean responsables penalmente las empresas propietarias de estos negocios en donde se cometan delitos como la adulteración, alteración y contaminación de bebidas previstos en la Ley General de Salud.

“Esto, siempre y cuando se acredite que existió inobservancia del debido control interno en su organización, es decir, cuando se acredite que dichos establecimientos mercantiles no cuentan con controles internos para evitar la comisión y participación en estos delitos por personal a su cargo”, señaló el panista.

Señaló que esta iniciativa va de la mano con la que presentó hace un par de semanas sobre la obligatoriedad de que los establecimientos cuenten con cámaras de seguridad.

“Se trata de evitar delitos conocidos como ‘goteros’ o ‘goteras’, en donde drogan a los clientes para que después sean robados o secuestrados, tal como ha pasado en distintos puntos de la ciudad como Plaza Garibaldi, Polanco o Santa Fe”, apuntó.

Por lo que se plantean reformas al Código Penal local a fin de reducir este tipo de situaciones, las cuales, aseguró, se incrementan día con día debido a la falta de medidas de seguridad y prevención adecuadas dentro de los establecimientos mercantiles.

Como ejemplo señaló la ausencia de cámaras de seguridad dentro y fuera del establecimiento y no contar con personal de seguridad capacitado y con protocolos de prevención efectivos, ya que ésto facilita la comisión de estos delitos y la impunidad de los perpetradores.

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“En algunos casos, la corrupción entre las autoridades locales y los dueños de establecimientos mercantiles permite prácticas ilegales, donde llegan a participar hasta grupos delictivos”, abundó.

El legislador mencionó que la administración de sustancias químicas o drogas en bebidas, sin consentimiento del consumidor, es un delito.

“Esto se utiliza para la comisión de delitos como lo pueden ser el robo, abuso sexual, violación,
secuestro, entre otros, al poner a la víctima en una posición de especial vulnerabilidad… que lamentablemente se encuentra cada vez con mayor frecuencia en las noticias”, comentó.