La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó dos denuncias contra el Gobierno de Michoacán por irregularidades durante la gestión de Silvano Aureoles Conejo, cuando fue mandatario de esa entidad (2015-2021).
Las querellas fueron presentadas el 26 de junio pasado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por irregularidades en la comprobación de gastos de Participaciones Federales de la Cuenta Pública 2020.
La ASF acusó al también exaspirante presidencial del Frente Amplio por México por presuntos daños al erario por 2 mil 23 millones de pesos en el ejercicio de fondos federales, en específico por la fiscalización 964-DE-GF.
Una de las conclusiones de la Auditoría es que el Gobierno de Michoacán, encabezado por Silvano Aureoles, en 2020, “incurrió en inobservancias de la normativa, principalmente de las leyes de Contabilidad Gubernamental, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, Obras Públicas y Servicios”.
La denuncia fue presentada porque no pudo solventar las observaciones de la ASF, que datan de 2020; es decir, pasaron casi tres años sin que se pudieran aclarar las irregularidades.
Entre las anomalías detectadas están 348 millones de pesos de presunto daño al erario “por presentar documentación comprobatoria y justificativa que no corresponde a los recursos que fueron pagados con los fondos de las Participaciones Federales a Entidades Federativas 2020, en incumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental“.
Otros mil 221 millones de pesos fueron observados por la Auditoría debido a la “falta de documentación relativa a los entregables” de diversos contratos. Es decir, el Gobierno de Silvano Aureoles no entregó documentación relativa a adquisición de combustibles, pólizas de egresos, comprobantes fiscales y transferencias electrónicas.
La ASF señaló otros 13.4 millones de pesos en perjuicio a la Hacienda Pública por irregularidades en varios contratos de los que no se solventó la documentación que comprobará que se ejerció ese gasto. Entre los contratos hay uno por obras, que se pueden catalogar como fantasma, pues no se entregó la información que comprobara su ejecución.
La gestión de Aureoles no justificó con documentos los “números generadores, bitácora, reporte fotográfico y los entregables de los estudios topográficos, geotécnicos y el proyecto ejecutivo para la modernización del acceso carretero a la localidad de Huetamo, de Michoacán de Ocampo”.
En febrero de 2022, el actual Gobierno de Michoacán, encabezado por Alfredo Ramírez Bedolla, anunció que presentó denuncias penales contra cuatro exfuncionarios de la gestión de Aureoles por presuntos desvíos de 5 mil millones de pesos.
Las denuncias fueron presentadas ante las autoridades por ejercicio indebido de funciones, tráfico de influencias, cohecho, peculado, asociación delictuosa, delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En 2021, el Gobierno de Michoacán también informó de otras irregularidades, como un gasto oculto de mil 227 millones de pesos para renta de aeronaves y helicópteros, que fueron usados por el exgobernador Aureoles y otros altos funcionarios.
“Se trató de cinco helicópteros Airbus A125, un helicóptero Augusta Koala, y un avión sigiloso Stemme, según los anexos del mismo contrato. El monto del contrato era por mil 227 millones 865 mil 800 pesos, a pagarse en un periodo de 69 meses, de enero de 2016 a agosto de 2021”, se indicó en un comunicado.
Dicho contrato “fue firmado por el general Antonio Bernal Bustamente, en calidad de Secretario de Seguridad Pública de Michoacán, y también como responsable del Subcomité de Adquisiciones del Sistema de Seguridad Pública y Procuración de Justicia; por parte de la empresa, firmó el señor Ismael Flores Ramos como administrador único de la misma”.
Impulsa Inai política de Datos Abiertos
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Sistema Nacional de Transparencia (SNT) hicieron un llamado a transformar la información pública de datos abiertos en todo el país.
La Conferencia Nacional de Datos Abiertos (Datacon 2023) arrancó en Ciudad de México, Chiapas, Jalisco, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Sinaloa, Tabasco, Veracruz y Yucatán de manera simultánea.
En su intervención, la comisionada presidenta, Blanca Lilia Ibarra Cadena, destacó que la Política Nacional de Datos Abiertos está configurada a partir de un ejercicio colaborativo con la sociedad civil, autoridades, academia y organismos garantes.
“Esta política representa la antesala para transitar de la transparencia como obligación a la transparencia como una fuente de datos interoperables, accesibles y útiles para la sociedad (…) el camino para llegar ha sido largo, pero estamos muy cerca de concretar esta iniciativa, que impactará a todas las autoridades”, enfatizó.
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