Familiares, amigos y compañeros de Álvaro Arvizú, defensor del agua y la agroecología, exigieron la intervención de la Fiscalía General de la República (FGR) para esclarecer el asesinato del ambientalista.
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El investigador apareció hace un mes dentro del Centro para la Sustentabilidad Incalli Ixcahuicopa (Centli), en Tlalmanalco, Estado de México, el cual pertenece a la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM).
Afirman que a pesar de claras evidencias de que el ataque y asesinato fueron premeditados, la FGR busca tratar los hechos como un robo, además se quejan de que las autoridades locales siguen hostigando a las víctimas, borrando huellas y fabricando un montaje, sin actuar para desmontar a los intereses que buscan mantener un ambiente de terror.
Además, el Centro de Derechos Humanos “Zeferino Ladrillero” indicó que la agresión ocurrió la madrugada del 13 de junio por un grupo de personas no identificadas que ingresó al Centli.
Dicho grupo también amenazó a su compañera de trabajo y esposa, así como a otro colaborador “quienes previamente fueron golpeados y amagados de pies y manos”.
En el contexto del Día Nacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales, el Comité por la Verdad Álvaro Arvizú entregó a la Fiscalía General de la República una petición con 3636 firmas, exigiendo que este organismo investigue a fondo la soez agresión, haga justicia y cumpla con el Derecho a la Verdad.
Acusan que en el crimen de Álvaro Arvizú, “incluyen el corte previo de las líneas de luz y teléfono al centro antes del ataque, hubo sujeción, amago y lesiones contra los directores del centro, Rebeca López Reyes y Carlos Vargas Cabrera, así como la inverosímil tardanza de la policía local y las instrucciones de no dar atención médica a la víctima, dejan claro que los actos fueron organizados con anticipación y contaban con autoría intelectual además de los perpetradores materiales.
“La FGR en un primer momento rehusó reconocer su competencia para recibir el caso, argumentando que se trataba de un crimen local, a pesar de que los actos cometidos ocurrieron en instalaciones de la UAM. Frente a los argumentos jurídicos de Rectoría General, la FGR ha respondido buscando calificar el crimen como un robo. La fiscalía local les ha presentado a testigos”, indica el comunicado.
Las autoridades locales han borrado huellas, están intentando de fabricar un montaje y siguen
LEG