Ahí está, enorme, en medio de todos nosotros, tan evidente como agresivo. Es ese intento del régimen de apropiarse de todos los mecanismos de control político, aunque para ello tenga que pasar sobre el sistema democrático o el imperio de las leyes.

El presidente Andrés Manuel López Obrador tenía presupuestado que a estas alturas de su mandato por aclamación le permitieran la imposición de su personalísima forma de gobernar. Pero las cosas no le han salido ni medianamente bien.

Se le acaba el tiempo que la Constitución le da para permanecer en el cargo y las prisas se le notan y mucho más después de su última convalecencia por enfermedad.

López Obrador va a operar las elecciones federales del próximo año y ya parece tener un instituto electoral que se lo va a permitir.

Y en el camino, va a acelerar el paso para imponer modificaciones legales que dinamiten cualquier intento de reconstrucción institucional en caso de no lograr su cometido de imponer a su candidato.

Es cuestionable que una mayoría legislativa se comporte de forma tan sumisa ante el poder presidencial y sea capaz de despreciar no sólo a los partidos políticos de oposición, sino a los individuos afectados por sus cambios legales habitualmente improvisados.

Lo que sí debería ya generar una alerta pública es la manera ilegal en la que, tanto diputados como senadores, hacen transitar las iniciativas legales que les dictan desde Palacio Nacional.

En las últimas semanas las mayorías de las dos cámaras han mostrado su desprecio por la ley y han violado sus propios procedimientos legislativos. Han puesto en peligro el Estado de Derecho y no hay una reacción social ante ello.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación es, con su composición actual, un último reducto de la legalidad, por eso está bajo ataque tanto físico como verbal.

El Senado había sido un espacio sí, de obediencia a las instrucciones presidenciales, pero al menos una cámara donde se conservaban las formas y los procedimientos. Eso se perdió por completo.

Más allá del contenido mismo de las leyes que se aprobaron de forma irregular durante las últimas semanas, lo que está en juego con la intervención de la Corte es el valor que pueda tener o no la ley en este México.

Si se abre una rendija para que se puedan violar los procedimientos legislativos y se aprueben cambios a las leyes de la forma en que ocurrió durante los últimos días, las consecuencias se van a empezar a notar en la vida diaria, en la desconfianza en este país y hasta en los indicadores financieros.

Pero, en la medida en que como sociedad no queramos ver el tamaño del problema que tenemos, esa amenaza al Estado de Derecho y a la democracia, va a ser muy difícil que paren.

Ese elefante en la habitación, como reza el dicho en inglés, es real, es una amenaza e ignorarlo solo nos va a llevar a problemas de los que no podremos salir en México durante varias generaciones.

 

    @campossuarez