Cualquier mañana de estas vamos a despertar con la noticia de que el Gobierno de los Estados Unidos va a poner al régimen de Andrés Manuel López Obrador un plazo fatal para que retire las trabas de acceso a las empresas de energía de América del Norte o bien se prepare para enfrentar un panel de solución de controversias en el marco del T-MEC.
Fue en julio del año pasado cuando los gobiernos de Joe Biden y del canadiense Justin Trudeau emplazaron a México para iniciar pláticas conciliatorias referentes a las trabas que el Gobierno de López Obrador había impuesto a las inversiones privadas en el sector energético, tanto eléctrico, como petrolero y minero.
El reclamo era sencillo, no podría el régimen mexicano imponer nuevas reglas a través de decretos y leyes secundarias que son claramente violatorias de la propia Constitución mexicana y de los acuerdos internacionales entre ellos, y destacadamente, el acuerdo comercial de América del Norte, el T-MEC.
Cuando la entonces secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, fue a explicar al Presidente que había razones jurídicas en los argumentos de sus contrapartes por los actos de discriminación, simplemente la corrieron de su puesto. López Obrador se encargó de mostrar su animadversión a su fiel colaboradora con el rechazo a un abrazo frente a las lágrimas de la ya exfuncionaria.
Para ganar tiempo, López Obrador designó a su muy eficiente cobradora de impuestos, Raquel Buenrostro, quien con un equipo nuevo tuvo que llegar a aprender el ABC de las relaciones comerciales internacionales.
La estrategia presidencial ha sido acercar a algunos pocos empresarios extranjeros del sector energético a Palacio Nacional para arreglarse cara a cara sobre contratos de proveeduría, pero sin resolver el fondo de la disputa, algo que ha resultado inadmisible para el resto del sector y mucho menos para los políticos de Washington DC.
Así que tanto demócratas como republicanos creen que ya ha sido suficiente y piden que Joe Biden le ponga un alto a López Obrador con un ultimátum que, al parecer, está a punto de llegar con la contundencia de pedir el final de la discriminación empresarial de forma inmediata o el establecimiento de un panel.
No hay muchas dudas que una medida coercitiva a través de los mecanismos del acuerdo comercial sería de altísimo costo para los exportadores mexicanos, porque nadie espera que la visión dogmática del régimen de López Obrador tenga ninguna posibilidad de ganar en un panel de arbitraje como el que estaría a punto de establecerse.
Pero hay algo más, el sector energético está constituido por empresas de gran tamaño en comparación con los productores agrícolas afectados por otra idea dogmática que entorpece el comercio con Estados Unidos.
También está cerca de explotar la bomba del maíz modificado genéticamente que el régimen de López Obrador no ha podido justificar con una base científica para pretender limitar su importación el próximo año.
El poder de cabildeo de los agricultores tiene un gran efecto en los políticos estadounidenses cuando se acercan los tiempos electorales y allá también van a las urnas el próximo año.
Así que los temas comerciales están próximos a regresar a los titulares en nuestro país.
@campossuarez