MAXTA GONZÁLEZ
Foto: Congreso CDMX / La diputada Maxta González señaló que las mujeres víctimas de violencia necesitan un lugar al cual acudir, ya sea a denunciar, pedir asesoría o atención psicológica  

El Gobierno capitalino ha tratado de implementar herramientas para la defensa de la mujer, y esto es loable a menos que exista un problema y las mujeres tengan donde acudir, apuntó la diputada del PRI Maxta González, por lo que lanzó la iniciativa para que los módulos de atención de diputados amplíen sus funciones y den atención especializada a mujeres.

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Se trata de una reforma al Reglamento del Congreso de la Ciudad de México para que los Módulos de Atención de los diputados, distribuidos por las alcaldías, sean renombrados como “Módulos de Atención Orientación, Quejas Ciudadana y Apoyo de Acceso de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia”, donde se impartirán los servicios de gestión social que se brindan actualmente, y cuenten con servicios dirigidos primordialmente a mujeres.

Agregó que esta iniciativa busca generar 66 espacios de enlace y apoyo integral activo y actuante para erradicar la violencia contra la mujer, ya que “desafortunadamente la infraestructura para la atención de estos casos (de violencia) no es la suficiente, por la que muchas veces no tienen la atención tan personalizada que requieren estos temas tan delicados”.

Asimismo, en estos módulos se impartirá una formación de materia de derechos humanos, asesoría legal, orientación psicológica, sexual, reproductiva y de interrupción legal del embarazo.

También propone que el recinto Legislativo de Donceles cuente con personal en los Módulos, a través de la suscripción de convenios de colaboración y capacitación en los temas relacionados con la prevención y erradicación de violencia de género con dependencias u órganos de la administración pública u órganos autónomos de la capital o federales, además de instituciones de educación públicas o privadas.

En tanto, el Congreso local podrá realizar convenios con instituciones de educación superior públicas y privadas para que estudiantes puedan realizar una capacitación en materia de prevención y erradicación de la violencia contra la mujer.

La iniciativa se turnó para su análisis y dictamen a la Comisión de Normatividad, Estudios y Prácticas Parlamentarias.

 

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