Con recursos del Programa “La Escuela es Nuestra”, de la Secretaría de Educación Pública (SEP), se pagaron boletos de avión, gastos hospitalarios, préstamos personales, servicios de televisión por cable, tarjetas de crédito y compras en tiendas de conveniencia, de acuerdo con el informe de la Cuenta Pública 2021, realizado por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Ante dichas irregularidades, que ocurrieron cuando Delfina Gomez se encontraba al frente de la SEP, el órgano fiscalizador realizó seis promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y dos recomendaciones.
En 2021, la Subsecretaría de Educación Básica destinó 13 mil 549 millones 550 mil pesos al programa “La Escuela es Nuestra”, con el fin de pagar apoyos a comunidades escolares de planteles públicos de educación básica para mejorar sus condiciones de infraestructura y equipamiento.
De ellos, la ASF revisó 2 mil 512 millones 200 mil pesos que representan el 18.5% de los subsidios económicos otorgados a los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP).
De acuerdo con la Auditoría de Cumplimiento 264, realizada a uno de los programas insignia de la SEP durante la titularidad de Gómez, los integrantes de 15 comités ubicados en 11 estados de la República, que recibieron apoyos por un total de 6 millones 450 mil pesos, reportaron que no se aplicaron recursos por 4 millones 412 mil mil pesos, debido a que estos fueron retirados por sus propios tesoreros sin que los devolvieran.
“Con el fin de constatar lo anterior, se solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) los estados de cuenta de las tarjetas bancarias, de cuyo análisis se comprobó que los recursos de siete comités fueron retirados en efectivo en su totalidad por sus tesoreros, uno de los cuales utilizó 500 mil pesos para gastos hospitalarios”.
Mientras que los otros ocho comités, “además de retirar en efectivo una parte de los recursos, sus tesoreros utilizaron otra parte de éstos para atender necesidades personales, tales como la compra de boletos de avión, pagos de tarjetas de crédito o préstamos personales, pago de servicios de televisión por cable y compras en tiendas de conveniencia, entre otros”.
La revisión de la ASF también arrojó que tres comités ubicados en Coahuila y Oaxaca, que recibieron apoyos por un total de 1.2 millones de pesos, destinaron recursos para adquirir un terreno por 150 mil pesos y dos vehículos por 195 mil pesos, sin que dichos conceptos de gasto se encuentren permitidos dentro de los lineamientos del programa.
El órgano fiscalizador también detectó que los integrantes de 30 comités ubicados en nueve estados del país que recibieron apoyos por un total de 6 millones 250 mil pesos “reportaron, mediante escrito libre, que por diversas causas renunciaban total o parcialmente a los apoyos, debido a que los planteles ya no se encontraban en funcionamiento, o bien, por inconformidades de los integrantes del comité sobre las acciones por realizar, entre otros”… Por lo que no aplicaron recursos por 6.1 millones de pesos.
La auditoría también identificó que se dispersaron apoyos duplicados a cinco CEAP por un millón de pesos; mientras que en otros siete comités se pagaron apoyos por 1.5 millones de pesos a tesoreros que fallecieron en el ejercicio 2020, según la información proporcionada por la Dirección General del Registro Nacional de Población e Identidad (Renapo) “sin que se cuente con evidencia de que dichos recursos fueron canalizados a los nuevos tesoreros para su aplicación a los fines del programa”.
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Ante las diversas irregularidades, la ASF hizo seis Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y dos recomendaciones.
Una de las promociones la emitió al Órgano Interno de Control en la SEP para que realice las investigaciones y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, autorizaron la dispersión del apoyo a un Comité Escolar de Administración Participativa ubicado en el estado de Chiapas a una cuenta bancaria distinta de la registrada en la base de datos”.
En el seguimiento realizado por la ASF, se verificó que hasta noviembre de 2022 dichos recursos “aún permanecían en la cuenta bancaria de la persona a la que erróneamente le fueron depositados, sin que se demostrara que se realizaron las gestiones necesarias para su recuperación”.
También, emitió la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la SEP esclarezca y, en su caso, gestione las acciones legales que correspondan, relativas a 15 CEAP, cuyos apoyos otorgados fueron retirados por sus propios tesoreros en efectivo, además de que en algunos casos estos los utilizaron para atender necesidades personales.
La ASF advirtió que en los lineamientos del Programa no se incorporaron mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación que permitan a la SEP y a la Secretaría del Bienestar ajustar las modalidades de su operación, ni se establecieron plazos máximos para que los CEAP ejercieran y comprobaran la aplicación de los recursos; tampoco se señaló la obligación de reintegrar los recursos federales en los casos en que éstos no se apliquen al cumplimiento de los fines del programa.
Este miércoles, el techo se cayó en un kinder remodelado con el programa La Escuela es Nuestra en Ecatepec, Estado de México, ante lo cual la directora del plantel acusó que los lineamientos del programa evitan que intervengan las autoridades de la escuela en las obras realizadas con los recursos otorgados.
JC