Luego de muchas tensiones y concesiones, además de compromisos adicionales, finalmente se aprobó ayer jueves la extensión de la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, aunque con el entendido de que se trata de tareas que tienen que ver con la seguridad interior.
Puede decirse que la autorización salía sobrando, pues la fracción VI del artículo 89 constitucional faculta al presidente de la República el uso de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad interior; la aclaración, en todo caso, tiene que ver con el hecho de que se sigue utilizando solo el concepto de seguridad pública, inclusive en los escenarios que tienen que ver con el mantenimiento de la estabilidad de la República y no solo con la lucha contra los delincuentes.
Pero el problema de fondo radica en la utilización de las Fuerzas Armadas como factores de disuasión y no como grupos operativos que combatan a las diferentes bandas delictivas; es decir, el Gobierno federal parece solo querer la facultad de participación, aunque cuidando que militares y marinos no se enfrasquen a balazos con las bandas criminales.
Ya desde ahora se están comenzando a debatir los tiempos de participación militar, toda vez que un cuerpo del tamaño de la Guardia Nacional requeriría de entre diez y 15 años de práctica para consolidarse como un aparato de seguridad del Estado, de la República y de los ciudadanos.
Todo el debate sobre la participación militar en seguridad no ha profundizado su observación crítica sobre la configuración, consolidación y expansión de las bandas del crimen organizado y de los delitos que se cometen de manera desorganizada por pequeñas pandillas y hasta por delincuentes en lo individual. Los nueve cárteles que dominan la delincuencia del narcotráfico tienen una estructuración cuasimilitar que los convierte en un enemigo a vencer.
Desde ahora habrá que pensar qué tipo de delincuencia habrá en 2028.
Zona Zero
- El Gobierno federal le debe a la sociedad mexicana un diagnóstico sobre la configuración y alcance del crimen organizado, podría decirse que en los términos en los que los caracteriza y estudia la DEA en sus evaluaciones anuales. Más que el mapeo geográfico, se necesita una percepción de las relaciones sociales y de poder del crimen organizado y su enquistamiento territorial y social en México.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
@carlosramirezh