La búsqueda de una solución al tema central de la participación de las Fuerzas Armadas en labores de apoyo a la seguridad pública por razones de seguridad interior, se está quedando en la superficie del problema: la consolidación del crimen organizado como un poder cuasimilitar implica un problema de seguridad del Estado en su función de garantizar la tranquilidad de la sociedad.
Después del fracaso en la reforma militar en el Senado, la semana pasada, ahora se trata de rehacer la adecuación del quinto transitorio para poner más candados a la participación militar en seguridad, justo cuando la percepción gubernamental ha llamado la atención sobre la dimensión del poder de fuerza de las bandas criminales que está consolidando su presencia en espacios territoriales de la soberanía del Estado y sigue capturando partes de las instituciones de Gobierno.
En lugar de enfocar el problema con lucidez para definir una participación militar en la seguridad ante el fracaso de las estructuras civiles, la búsqueda de una salida de coyuntura al fracaso en el Senado se está abordando desde el punto de vista de permitir la presencia castrense a condición de ponerle muchos candados que no harán sino bloquear la funcionalidad de la decisión.
Una revisión de la invalidada Ley de Seguridad Interior de 2017, permite encontrar en su contenido todo el marco jurídico para aceptar la inevitable participación de las Fuerzas Armadas en labores de inseguridad por la existencia de bandas criminales que están disputándole poder al Estado.
La reforma al quinto transitorio que se está negociando hoy es un sí pero no a las Fuerzas Armadas, mientras la delincuencia se ha posicionado de todo el territorio nacional.
Una salida de fondo estaría en una ley de seguridad interior que nadie quiere impulsar.
Zona Zero
- El modelo de Comisión de la Verdad para desenredar el nudo de Ayotzinapa tuvo un conflicto de origen: la verdad política no garantiza la verdad jurídica. El embrollo actual tiene que ver con el hecho de que Gobernación actuó con enfoque político y los jueces valoraron la aportación de pruebas periciales. El reporte de la Comisión de Encinas solo complicó más el caso Ayotzinapa, porque las conclusiones políticas no fueron validadas por alguna investigación pericial que cumpliera con todos los procedimientos penales.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
@carlosramirezh