Mientras no se apruebe la ley reglamentaria sobre la seguridad interior, la participación de las Fuerzas Armadas en labores adicionales a la defensa de la soberanía fronteriza seguirá estando en el limbo y generando debates innecesarios.

La Constitución aprobada en febrero de 1917, estableció la facultad de obligación del Presidente (artículo 89, fracciones VI y VII) para disponer de la Fuerza Armada permanente y la Guardia Nacional “para la seguridad interior y defensa exterior de la Federación”.

El 10 de febrero de 1944 se reformó la fracción VI para unificarla con las VII y entregarle al Presidente la facultad de todas las Fuerzas Armadas “para la seguridad interior y la defensa exterior de la Federación”.

El 5 de abril de 2004, se reformó la fracción VI y se agregó el uso presidencial de toda la Fuerza Armada “para preservar la seguridad nacional en términos de la ley respectiva”, quedando vigente hasta la actualidad.

El 21 de diciembre de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley de Seguridad Interior que había sido procesada y votada en las dos cámaras, pero por controversias constitucionales la Suprema Corte de Justicia de la Nación sentenció el 15 de noviembre de 2018 su invalidación y esta orden judicial se publicó en el Diario Oficial el 30 de mayo de 2019.

En diciembre de 2006, un par de semanas después de haber tomado posesión del cargo, el presidente Felipe Calderón anunció la utilización de las Fuerzas Armadas para labores de seguridad pública en Michoacán por una crisis de seguridad interior estallada por acciones delictivas de varios cárteles del crimen organizado dedicados al narcotráfico.

Cualquier decisión que se tome sobre las Fuerzas Armadas en seguridad pública por enfoques de seguridad interior es legalmente válida, pero todos los conflictos se evitarían con una ley reglamentaria de la seguridad interior, un concepto que viene desde la Constitución de Cádiz de 1812.

 

Zona Zero

  • El periodista Jorge Ramos ha tenido dos debates con el presidente López Obrador sobre las cifras de seguridad en función de su tarea como comunicador, pero en su artículo del sábado en Reforma reveló su intolerancia al insistir en el valor único de sus opiniones y exigir que el Presidente de México convoque a una convención nacional de sectores para redefinir la estrategia de seguridad, una reunión, por cierto, que el presidente Calderón realizó en 2008, y nunca pudo ponerse en operación integral.

 

 

(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

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