Un daño patrimonial por más de 7 mil millones de pesos urdido a través de una intrincada red de corrupción y revelada en una investigación periodística que se conoció como la estafa maestra mantuvo a Rosario Robles en prisión preventiva durante tres años.
La titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) de 2012 a 2015 y de la de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) de 2015 a 2018 fue acusada en 2019 de dos delitos de ejercicio indebido del servicio público, uno por cada una de sus gestiones como secretaria de Estado en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
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A Robles, quien antes de sumarse al gabinete de Peña Nieto militó en el Partido de la Revolución Democrática (PRD) e incluso sustituyó en la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México a Cuauhtémoc Cárdenas cuando éste buscó la Presidencia de la República en 2000, se le acusó de haber permitido el desvió de fondos públicos por más de 5 mil millones de pesos a través de universidades públicas que a su vez enviaban el dinero a empresas fantasma.
La exfuncionaria siempre alegó su inocencia en el esquema de corrupción y reclamó la ilegal aplicación de la prisión preventiva en su contra pues el delito que se le imputa no está incluido en el catálogo de crímenes que la ameritan.
Pese a ello, el juez que llevaba su caso consideró que había riesgo de fuga de Robles por lo que determinó su estancia en la cárcel de Santa Martha Acatitla hasta este viernes que consiguió que salió para llevar su proceso en libertad.
La estafa maestra documentada por el portal Animal Político y Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) encontró que en el esquema fraude participaron 11 dependencias federales: el Banco Nacional de Obras; el Registro Agrario Nacional; la Secretaría de Educación Pública; el FOVISSSTE y SUPERISSSTE; el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica); el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA); la Secretaría de Economía; la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Secretaría de Agricultura.
Sin embargo, las dependencias con los mayores desvíos fueron la Sedesol, de la cual era titular Robles y Petróleos Mexicanos (Pemex), cuyo titular era Emilio Lozoya.
El esquema consistió en contratar servicios o firmar convenios de colaboración con universidades públicas por montos millonarios.
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Las instituciones educativas a su vez contrabatan casi en su totalidad a empresas fantasmas para supuestamente brindar el servicio pagado, el cual no se realizaba o se hacía parcialmente, y el dinero desaparecía.
Por funcionar como intermediarios en esta triangulación de recursos, las universidades en su conjunto recibieron como más de mil millones de pesos.
Ahora que dejó la prisión Robles las medidas cautelares que tendrá será la prohibición de salir del país sin autorización, entregar su pasaporte a la FGR y la presentarse periódica ante esta institución.
EAM