Este primer informe destaca que uno de los principales retos comerciales para el gobierno entrante de Joe Biden es asegurar que se lleven a cabo los objetivos del T-MEC
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La solicitud de Estados Unidos para el inicio de Consultas en el Marco del T-MEC, es una solicitud alarmante que se advierte de manera puntual: la política energética impulsada por el Gobierno de México, contraviene las disposiciones del acuerdo para la libre competencia, aseveró la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

El gobierno mexicano, señaló el organismo, está afectando a la productividad del sector energético y no sólo a las energías renovables, relacionadas con la preservación del medio ambiente y fundamentales para la transición del país a energías limpias, por lo que el acatamiento del Tratado deber ser entendido como obligatorio y no como voluntario.

“Consideramos que la implementación de los mecanismos contenidos en el Artículo 31.4 del T-MEC se deben resolver de manera ágil y respetando los protocolos establecidos para ello dentro del mismo acuerdo, pues sería lamentable que ante los incumplimientos y la falta de acuerdos, estas consultas deriven en un Panel que bien podría traducirse en medidas más enérgicas, como el establecimiento de aranceles o sanciones multimillonarias en contra de México», expresó Coparmex en un comunicado.

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El organismo señaló que esperan que las consultas solicitadas por el Gobierno estadounidense con relación a la política energética del país, se constituyan como una plataforma de diálogo que permita la construcción de políticas públicas que fomenten la competitividad y la equidad entre los países de la región.

Destacó que las controversias se encuentran en toda la cadena de valor del sector energético, transportación de gas natural y petrolíferos, estaciones de servicio, comercialización de Diésel de Ultra Bajo Azufre y en la Industria Eléctrica.

Aseguró que el Gobierno mexicano está favoreciendo a PEMEX y CFE en materia energética, colocándolos en el centro de la política energética del país, “y seguir subsidiando sus ineficiencias y pérdidas, las cuales para el periodo 2019 – 2021 ascendieron a mil 52 billones de pesos y 210 mil millones de pesos respectivamente, y sin contar los subsidios.”

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En el mismo sentido, subrayó que México no puede darse el lujo de inhibir la llegada de más inversiones, teniendo un alto potencial de atracción de inversión en este sector, especialmente en un momento tan delicado donde se mantiene una alta inflación, el crecimiento es débil y la generación de empleo está estancada.

Por el contrario, debe predominar un entorno de confianza en el que se brinde certeza jurídica a todas las inversiones, donde se garanticen los derechos de las mismas asentadas en territorio nacional.