En el Estado de México se sancionará con penas de entre dos y seis años de prisión a quienes sin autorización, concesión, licencia o permiso expedido por una autoridad competente, sustraiga y se apropie del agua potable de la infraestructura hidráulica, o restrinja su flujo destinado al suministro de las y los usuarios, así como hasta ocho años de cárcel en contra de quien la explote o comercialice.
Esto, luego de que el Congreso local aprobó por unanimidad tipificar y sancionar el “huachocoleo de agua”.
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El dictamen, expuesto por el diputado Daniel Sibaja (Morena) contempla como pena máxima, nueve años de prisión, cuando el delito sea cometido por un servidor público cuyo encargo o comisión facilite la sustracción del líquido de la infraestructura hidráulica estatal.
A PROPIETARIOS DE PREDIOS TAMBIÉN
Las reformas establecen diversas sanciones, por lo cual, quien distribuya o suministre agua potable, a través de pipa u otro medio, para obtener un beneficio económico sin permiso de la autoridad competente se le impondrán de dos a seis años de prisión; y a quien la distribuya a través de pipas y la extraiga de una fuente de abastecimiento diversa a la autorizada se le impondrán de uno hasta tres años de prisión.
Igualmente, se equiparará con este delito la comercialización, explotación, almacenamiento, transportación o suministro del agua potable sustraída o apropiada, casos que se sancionarán con uno a ocho años de prisión cuando las cantidades extraídas vayan de 400 litros a más de cinco mil, mientras que a la persona propietaria, arrendataria o poseedora de algún predio donde exista una toma clandestina se le aplicarán de dos a cuatro años de prisión.
En este punto, el diputado Francisco Santos (PAN) pidió la emisión de una ley para los organismos del agua, a fin de sancionar los fraudes en el suministro y la eficiencia en su recaudación.
LEG