El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) declaró la invalidez de la consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador y ordenó investigar la comisión de presuntos delitos electorales de altos funcionarios del Gobierno federal.
Aunque el proceso no fue vinculatorio debido a que no se alcanzó 40% de participación respecto a la Lista Nominal, Reyes Rodríguez, magistrado presidente, dijo que hay al menos 320 quejas sobre uso indebido de recursos y vulneración de principios de equidad de la contienda.
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“Esta Sala Superior, por un lado, instruyó al Instituto Nacional Electoral y la Sala Regional Especializada para que investiguen y, en su caso, sancionen actos potencialmente irregulares (…) y, por el otro, advirtió a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales sobre conductas posiblemente ilícitas”, aseveró el magistrado presidente.
Durante ayer, la mayoría de integrantes del órgano judicial determinaron declarar como improcedentes 14 impugnaciones sobre la consulta, debido que perdieron sus efectos jurídicos al no alcanzar 40% de votación para que fuera vinculante el ejercicio del 10 de abril pasado.
Aunque el proyecto de sentencia era que solo se declarara la improcedencia, ayer se actualizó para incluir la vista a las autoridades electorales y judiciales para que indaguen el cúmulo de anomalías denunciadas, principalmente la intervención indebida del presidente Andrés Manuel López Obrador, lo que vulneró la equidad de la consulta, así como el presunto uso ilegal de recursos públicos.
Al respecto, el magistrado presidente apuntó que la invalidez no significa que haya inmunidad de los actores políticos que intervinieron indebidamente en el proceso, por lo que el objetivo es dar vista a las autoridades para que investiguen las presuntas irregularidades y, en su caso, sean sancionadas.
Entre los casos más significativos, y que se castigan con varios años de cárcel, está la investigación por el uso de un avión militar para que el secretario de Gobernación, Augusto López, llegara a un acto de promoción de la revocación, así como el presunto acarreo de votantes de Mario Delgado, líder nacional de Morena.
La magistrada Janine Otálora aseveró que las violaciones a la Constitución e intervención de actores políticos distorsionaron el proceso de consulta, evidenciaron fallas y tuvieron implicaciones en la calidad de la democracia, como la falta de electores en las urnas.
Los magistrados coincidieron en que se trastocó la integridad electoral por varios factores: la omisión del Legislativo para emitir a tiempo las reglas de la consulta, por lo que el INE tuvo que adaptarse, así como por la falta de presupuesto para organizar la votación, lo que derivó en “malas prácticas”, como la instalación de solo 35% de casillas.
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Otro de los factores que incidió fue el decreto de propaganda, aprobado por el Legislativo, con el que se pretendió que funcionarios y partidos promovieran la revocación de mandato, cuando eso estaba prohibido por la Constitución.
Ante ese escenario, por mayoría de cuatro votos, los magistrados decidieron incluir un apartado que enliste las violaciones a la integridad electoral.
Sin validez, la consulta –cuyo costo final fue de mil 567 millones de pesos– cerró con 15 millones 159 mil 323 votos a favor de que el presidente López Obrador continuará en el poder, así como un millón 63 mil 209 sufragios para que se le revocara el mandato.
OH