Recientemente, el periódico estadounidense Financial Times publicó una encuesta de la empresa Morning Consult, en la que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador destacó como el segundo mandatario con mayor aprobación popular a nivel mundial, con un 65%, sólo por debajo de Narendra Modi, primer ministro de la India, quien cuenta con un 71% de aceptación, lo que además coincide con las mediciones de otras encuestadoras, que ubican el aval a nuestro jefe de Estado por arriba del 60%.
En este contexto, resulta evidente la preocupación de quienes se oponen a la Cuarta Transformación y a la Ley Federal de Revocación de Mandato aprobada en el Congreso de la Unión, pese a que la reforma constitucional que la fundamenta fue aprobada por la mayoría calificada en ambas cámaras legislativas y por la mayor parte de los congresos locales.
Contra toda lógica, las y los legisladores integrantes de las cámaras que aprobaron el dictamen relativo acudieron al Poder Judicial para promover una acción de inconstitucionalidad contra la nueva ley, echando por tierra los acuerdos que permitieron contar con el respaldo casi unánime de todas las fuerzas políticas en el Senado, pues únicamente se emitieron dos votos en contra.
Además, los lineamientos del INE para la primera celebración de este ejercicio de democracia participativa han generado un régimen excepcional para recabar firmas de solicitantes en formato impreso únicamente para los municipios considerados como de muy alta marginación, de acuerdo con el Consejo Nacional de Población, ignorando que la brecha digital se propaga por todo el territorio nacional, y depende tanto de condiciones de infraestructura como de pobreza, marginación y generacionales.
Llevar el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador al proceso de revocación es un compromiso de campaña que se pretende cumplir, y que representaría un hecho histórico en el desarrollo democrático del país, que pone en manos de la ciudadanía la continuidad del titular del Poder Ejecutivo federal, que en el pasado era considerado el poder de poderes, ya que se imponía sobre la independencia judicial y legislativa, impidiendo un efectivo control de pesos y contrapesos.
Fomentar el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía es la mejor manera de seguir impulsando la democratización de nuestra vida pública, lo que las cúpulas de poder han interpretado como un peligro para el sostenimiento de la política de élites, que en el viejo régimen equipararon el sufragio a un cheque en blanco, para gobernar sin oír la voz de la ciudadanía.
A escasos cinco meses de celebrar la primera revocación de mandato en México, los esfuerzos de la oposición por demeritar su importancia, obstaculizar su acceso a toda la ciudadanía y negar su legalidad son muestra de que su miedo a la democracia y a la fuerza de la Cuarta Transformación es más grande que su sentido de responsabilidad histórica.
Para el conservadurismo es impensable impulsar la participación ciudadana, incluso de sus propias bases, porque cada vez son más débiles; atacar la imagen presidencial desde los medios tampoco les ha rendido frutos. ¿Hasta cuándo aceptarán que el único camino hacia el futuro es la democracia?
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