Aaraón Díaz Mendiburo

La legalización de la cannabis a nivel federal en la región de Norteamérica ha sido un tema polémico en los últimos años, sobre todo por la diversidad de puntos de vista que abarca niveles que van desde las cúpulas del gobierno hasta los agricultores, pasando por las y los usuarios que la consumen con fines médicos, terapéuticos o porque es parte de su vida cotidiana, como mencionara Seth Rogen, protagonista de la cinta Pineapple Express: “Fumo hierba todo el día y todos los días y lo he hecho durante 20 años. Para mí, es como anteojos o zapatos. Es algo que necesito para navegar mi vida”, o bien, porque es parte de una esperanza de miles de campesinos que por décadas han sido despojados y desplazados a dinámicas laborales transnacionales que ahora ven una posibilidad en el cultivo de la cannabis, deseando así, ser el “primer pueblo cannábico de todo México”.

Sin embargo, esas narrativas y muchas otras siguen enfrentándose con discursos y acciones hegemónicas que han construido procesos sociales categorizando a una planta y a todos los que se relacionan con ella para formar estigmas. Estos han sido construidos por distintos actores sociales y plasmados en diversas expresiones, entre ellas las leyes. A través de estas las personas han sido criminalizadas, extorsionadas y encarceladas, siendo en su mayoría gente que fue recluida por posesión de gramajes mínimos pero que violaban las respectivas leyes antidrogas de México, Canadá o Estados Unidos y que, en su mayoría, han tenido características similares, gente no blanca, sin recursos económicos y con pocas estrategias para defenderse.

Estas marginalizaciones han sido evidenciadas por activistas en la región y sus resistencias continúan a pesar de las nuevas leyes, pues están muy lejos de ser más justas con toda esa población que ya fue estigmatizada.

Por mencionar un ejemplo cito a Russel Bennett: “esta ley que legaliza la cannabis en Canadá realmente se trató de una renovación de imagen de la ley Controlled Drugs and Substances Act, las mismas ofensas, la misma criminalización fueron vertidas en la ley de cannabis”.

Para el caso de México se ha evidenciado que la criminalización sigue vigente, ya que el Código Penal no se ha modificado y los usuarios tienen que tramitar un permiso ante la Cofepris, del cual muchas personas están en desacuerdo, y es que pareciera ser que las decisiones tomadas en cuanto a su regulación han sido creadas arbitrariamente, sin haberse documentado de manera científica ni considerado la experiencia de personas que han convivido con la planta por años.

La gente que ha estado en la lucha está consciente que aún falta mucho camino por recorrer en la búsqueda por el respeto al derecho del libre desarrollo de la personalidad y que, además ahora la batalla se incrementa ante los intereses del mercado transnacional o bien ante el monopolio del mercado por ciertos sectores de la población que han generado estrategias de exclusión.

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