Foto: Pixabay / El domingo un juez federal en EU aceptó que las empresas acusadas vayan en bloque, en un juicio civil con el que México pretende obtener una indemnización por las prácticas negligentes

La demanda contra fabricantes de armas será difícil que prospere, porque en Estados Unidos la industria armamentista está protegida y los delitos que se cometen con armas en México son ejecutados por mexicanos.

Así lo manifestó Carlos A. Pérez Ricart, profesor investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), quien detalló que en EU existe la Ley Protection of Lawful Commerce in Arms Act (PLCAA), la cual impide que haya demandas frente a ese tipo de empresas por daños que hagan sus productos.

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“A ver cómo va a poder sortear el Estado, México va a tener que acreditar, como Gobierno, que es víctima de todo esto y eso tampoco es claro si lo vaya a poder hacer”, indicó.

Sin embargo, Pérez Ricart consideró que la demanda podría generar que las empresas modifiquen la forma en que distribuyen sus armas, lo que ayudaría a alinear incentivos entre los grupos de activistas en México.

“Grupos que pugnan un control de armas más estricto en Estados Unidos. La demanda es evidencia de que hay una buena estrategia del Gobierno federal a mediano y largo plazo para terminar con este tema; y es un indicio de que es un área prioritaria para el gobierno mexicano”.

El domingo un juez federal en EU aceptó que las empresas acusadas vayan en bloque, en un juicio civil con el que México pretende obtener una indemnización por las prácticas negligentes.

En agosto pasado, el Gobierno de México recurrió a una Corte de Estados Unidos para demandar a fabricantes de armas a los que acusa de negligencia y propiciar un tráfico ilegal; entre las empresas están Smith & Wesson, Colt’s Manufacturing y Barrett Firearms Manufacturing, cuyo rifle de francotirador calibre .50 es un arma de guerra utilizada por los cárteles de la droga.

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En tanto, Raúl Sapién Santos, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Privada (CNSP), explicó que el Gobierno de México busca que se establezcan protocolos para la venta de armas, pues en la actualidad no existe control ni información fidedigna sobre a quién se le está comercializando armas.

“Resulta que cuando se comete un delito de alto impacto, como lo es el homicidio, al llegar la fiscalía a realizar el aseguramiento al lugar de los hechos, estas armas se tienen identificadas que provienen desafortunadamente del vecino país del Norte”, explicó.

Mientras que la vicecoordinadora de la bancada del PAN en el Senado, Kenia López, refirió que serán los jueces quienes definan conforme al marco legal, la demanda interpuesta
“Habremos de ver cuáles son, cuál es el proceso jurídico, lo que tendrá que prevalecer son dos cosas: es la ley en términos nacionales y, por supuesto, que haya un entendimiento de cuáles son las prioridades para ambos países”.

LEG