El mercado ilícito de armas representa graves riesgos para la seguridad, la estabilidad y la paz del planeta, así como para la gobernabilidad al interior de los países. Ante ello, la Asamblea General de la ONU estableció en 2015 la meta de combatir este fenómeno a nivel mundial, y se han firmado distintos tratados internacionales que contemplan esta misma meta y que han sido ratificados por el Estado mexicano; sin embargo, se estima que nuestro país ocupa la séptima posición entre las naciones del mundo con más armas de fuego en manos de civiles, sea de manera legal o ilegal, con un número aproximado de 16.8 millones de armas.

Tomando en cuenta nuestra vecindad con Estados Unidos, que se posiciona como el mayor exportador de armas en el mundo, este tema se vuelve un obligado de la agenda bilateral, lo que a su vez obliga al Senado mexicano a pronunciarse en favor de una política exterior capaz de hacer frente en forma eficaz a este fenómeno. En tal sentido y con el fin de contar con un diagnóstico claro que nos permita enfocar las acciones conjuntas de manera óptima, presenté ante la Comisión Permanente un punto de acuerdo para solicitar a las dependencias competentes del Gobierno federal un informe detallado sobre este tema de gran trascendencia.

Las expectativas del giro hacia la izquierda en la política mexicana y el giro demócrata en la presidencia y el Congreso estadounidenses refrescan la posibilidad de renovar y establecer nuevos acuerdos para frenar la llegada de armas y municiones, especialmente las de grueso calibre, al territorio mexicano, ya que en el pasado se establecieron relaciones que vulneraron la soberanía y los derechos humanos de nuestro país, como fue el caso del operativo Rápido y Furioso (2006-2011), desarrollado al amparo de la Iniciativa Mérida y mediante el cual se introdujeron a la nación más de dos mil armas largas, demostrando la porosidad y corrupción de las aduanas en la frontera norte, pero a costa de incalculables daños y pérdidas humanas.

Hoy existen mejores condiciones que en el pasado para esperar una regulación interna del mercado de armas en Estados Unidos, que logre anteponer la salvaguarda de los derechos humanos a ambos lados de la frontera (y en general en todo el mundo) a los grandes intereses económicos y políticos detrás de este complejo fenómeno.

El Congreso mexicano deberá hacer lo propio para combatir el tráfico de armas, con una reforma de gran calado a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, así como para coadyuvar a la disuasión de los enfrentamientos armados, que son parte de la funesta herencia del viejo régimen. Baste recordar que a partir del sexenio de 2006 a 2012 los choques violentos con uso de armas de fuego entre cárteles, así como la cantidad de éstos y su poder de fuego, aumentaron exponencialmente.

No obstante, es una asignatura pendiente que debe ser asumida a cabalidad por los tres poderes de la Unión, en forma multidisciplinaria e interinstitucional, con el principal objetivo de cuidar la vida y la seguridad de nuestras comunidades. 

 

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