Tomando clases de zumba, haciendo una hora de caminata y leyendo libros, Diana Sánchez Barrios pasa sus días en el penal de Santa Martha Acatitla, acusada de los delitos de extorsión y robo en pandilla.

Quien fuera por corto tiempo candidata del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a una diputación local, además de ser lideresa de comerciantes ambulantes del Centro Histórico, asegura que su detención se trata de una persecución política, por lo que espera salir pronto de prisión.

“Estoy en el área de detenidos desde el 17 de marzo, me encuentro inscrita en los talleres de readaptación social, no nos han asignado maestra, pero entre las mismas compañeras nos apoyamos a hacer figuras en papel, tejer”, dice Barrios a 24 HORAS en una entrevista telefónica, realizada a través de su abogado.

En el transcurso de estos meses que lleva encerrada en la celda ha leído nueve libros “y si suman que leí mi expediente, que son cuatro tomos de más de mil 500 hojas, ya se imaginaran. Leí la Teoría de las formas de gobierno en la historia del pensamiento político, del autor Bobbio Norberto, también El camino de la autodependencia, de Jorge Bucay, y Un sueño de igualdad, de Martin Luther King”.

Así como libros espirituales, como Una vida entre el cielo y la tierra, de la autora Yohana García.

Pero además de leer, Sánchez Barrios ha aprovechado su tiempo encerrada para terminar un libro titulado Chambeando Ando, que aborda la lucha de cómo se ha construido la presentación de un marco jurídico a favor del comercio en el espacio público.

“Próximamente estará en las librerías del país… En lo personal, leer me ha permitido fundamentar el conocimiento, las causas sociales desde una perspectiva pacífica, con compromiso social. Quiero dejar un ejemplo de vida a mis tres pequeños hijos, de amor y respeto al ser humano”.

Recordó que el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos refiere que la forma en que se da la persecución política en México es, primero, uso de los medios de comunicación para difamar y desacreditar a la persona; segundo, los funcionarios empiezan a hablar mal; tercero fincan delitos falsos y, cuarto, utilizan el sistema penal de manera indebida.

“De estos cuatro puntos hubo una consigna política a mi persona y estamos en una gran defensa jurídica… Tenemos elementos de prueba a nuestro favor. Soy inocente, la evidencia no la van a poder desaparecer”.

A la pregunta de si cree en la justicia, responde con otro cuestionamiento: “¿De qué justicia estamos hablando? ¿Del fuerte contra el débil? Aquí estamos muchas mujeres privadas de nuestra libertad siendo inocentes, hay una gran persecución política, han hecho mucho daño en el montaje de delitos a personas inocentes, sin tener la sensibilidad de que nos daña a nuestra persona y familias, son prácticas que se deben ir erradicando”.

El 22 de marzo pasado, el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) formuló una imputación contra Barrios y logró que un juez de Control la vinculara a proceso por su probable participación en los delitos de extorsión y robo en pandilla, ambos agravados.

De acuerdo con los datos de prueba, la mujer presuntamente encabezaba una organización que realizaba agresiones, hostigamientos y amenazas en agravio de agremiados, al exigirles el pago de cuotas a cambio de no dañar su integridad física y/o patrimonial.

Detienen a su madre

El 18 de marzo, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bloqueó la cuenta de la lideresa de ambulantes, así como de seis personas físicas y jurídicas.

En tanto, apenas el 24 de junio, Alejandra Barrios, madre de Diana, fue detenida por agentes de la Policía de Investigación (PDI) en la colonia Jardín Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza, también por su presunta participación en los delitos de extorsión y robo en pandilla, ambos agravados, así como daño a la propiedad.

El 29 de junio fue vinculada a proceso y el juzgador le ratificó como medida cautelar la prisión preventiva oficiosa en Santa Martha Acatitla, donde permanecerá durante tres meses, tiempo fijado para que se concluya la investigación complementaria, luego de que se le negara la prisión domiciliaria.

 

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