El Gobierno humanista, democrático y maderista de la 4T no respaldó la condena de la ONU al Gobierno de Daniel Ortega.
Días antes, nuestro Gobierno tampoco suscribió un documento de condena avalado por todos los países de la Organización de Estados Americanos, con excepción de Argentina.
En cambio, Marcelo Ebrard “llamó a consultas’’ -en el lenguaje diplomático significa retirar al embajador- al representante del país en Nicaragua, Gustavo Alonso Cabrera Rodríguez.
El embajador mexicano no tiene experiencia diplomática.
Hasta antes de ser propuesto, ocupaba la Dirección General de Cooperación Técnica y Científica de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Cabrera Rodríguez, antropólogo, ha dedicado su vida laboral a temas de vivienda comunitaria; en el 2013, el propio Ebrard, como jefe de Gobierno del DF, lo designó “Autoridad de la Zona Patrimonio Mundial Natural y Cultural de la Humanidad en Xochimilco, Tláhuac y Milpa Alta”, cargo que ocupó hasta el 15 de noviembre de 2015.
Después fue, entre 2016 y 2017, director Jurídico y de Gobierno en la delegación Xochimilco.
¿Importa la experiencia del embajador?
Por supuesto, son los ojos y oídos del Gobierno en el país para el que fueron designados representantes mexicanos.
El currículum tiene que ver con el hecho de que el Gobierno de la 4T había prometido que el servicio exterior no sería utilizado como premio -o castigo-.
No ha sido así.
De hecho, el Gobierno de López Obrador ha impuesto a cónsules y embajadores a fieles seguidores sin importar su experiencia ni el currículum de los servidores públicos que han hecho carrera en la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Ahí está el caso reciente de la exsecretaria del Medio Ambiente, Josefa González-Blanco Ortiz-Mena, flamante embajadora de México en Reino Unido, quien debió renunciar al gabinete de López Obrador después de haber detenido el despegue de un avión de Aeroméxico para que regresara a la plataforma a recogerla.
Así como el Gobierno mexicano aplica a conveniencia la Doctrina Estrada, también aplica a discreción los nombramientos en el servicio exterior, justo cuando las relaciones internacionales requieren de especialistas, no de improvisados.
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Un hecho aparentemente inocuo, que se prestará a muchas interpretaciones, sobre todo después de la matanza en Reynosa el fin de semana pasado, ocurrió en Tamaulipas.
El General secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, invitó al perseguido gobernador del estado, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, a ofrecer una ponencia en la maestría sobre “Seguridad Nacional’’ que se imparte en el Colegio de Defensa Nacional.
La ponencia del gobernador se llamó “Política del Estado de Tamaulipas en Materia de Desarrollo y Seguridad’’, que fue presentada de manera virtual.
La invitación no ocurrió de última hora; se hizo hace más de un mes.
Lo relevante es que no canceló ni pese al proceso judicial en contra del gobernador ni por la matanza en Reynosa.
Pareciera que con la confirmación de la invitación, el general de la Defensa Nacional está reconociendo, a contracorriente del Gobierno de la 4T, el fuero de Cabeza de Vaca y los resultados de su estrategia en el combate a la delincuencia organizada.
Si no fuera así, ¿por qué el responsable de las fuerzas armadas invitaría a alguien a hablar de seguridad si fuera un fracasado?
O es eso, o es un guiño desde el Gobierno para enfriar el ambiente en el estado.
¿Qué será, qué será?
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En la reunión con López Obrador, el empresario Carlos Slim, “que no le juega a las vencidas con el Gobierno’’, habría accedido a reparar el daño de la Línea 12 del Metro en el que participó su constructora.
Bajo ciertas condiciones, que seguro se conocerán en días.
LEG