Los gobernadores firmarán hoy con el presidente Andrés Manuel López Obrador un pacto o compromiso con el que se comprometen a no utilizar recursos públicos para financiar campañas políticas ni a intervenir en favor de algún candidato.

Suponíamos que con el cumplimiento de la ley que elevó a delito grave el fraude electoral más las sanciones contempladas por la legislación en la materia y el Código Penal Federal era suficiente para inhibir la ambición partidista.

Pero ya vimos que no.

El pacto, sean cuales fueran sus términos, tendría que comenzar con limitar los mensajes de la mañanera y las giras proselitistas del propio López Obrador.

En las homilías de la mañana, no hace falta que López Obrador llame por su nombre a sus adversarios políticos -partidos o personas físicas-, pues de tanto repetir el mensaje la gente sabe a quienes se refiere.

Y en las giras, que son actos proselitistas pues en la mayoría de las ocasiones no entrega ninguna obra o supervisa el avance de alguna, ¿quién le puede impedir que haga anuncios claramente electoreros como el de el domingo cuando informó que aumentaría el monto de la pensión para adultos mayores?

¿No es eso el ejemplo de recursos públicos para favorecer a un partido político?

¿Acaso, por ejemplo, Jaime Bonilla, una vez que firme el documento, dejará de ponerle el pie a los candidatos rivales de Morena en Baja California?

¿No es, en sí mismo, dicho pacto o acuerdo una intromisión en el proceso electoral del que debería estar alejado kilómetros el Ejecutivo?

López Obrador dijo alguna vez en su conferencia, respecto a los procesos electorales, “los voy a estar vigilando’’.

Ahí está su pacto.

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El presidente López Obrador propuso ayer una mesa de diálogo para invitar a la iniciativa privada a tratar el tema de los subsidios al consumo de energía eléctrica.

La propuesta viene después de la garrotiza mediática que sin ton ni son les propició el mandatario la semana pasada, cuando acusó a Bimbo, Oxxo y Walmart casi de traición a la patria por consumir mayoritariamente energía proveniente de fuentes renovables.

Quien sabe si los empresarios van a decir que sí -y si lo hacen será por puro compromiso- porque la experiencia ha demostrado que todos los encuentros, mesas o como le quiera llamar con el jefe del Ejecutivo han servido solo para escuchar lo que se va a hacer.

Si no lo cree, ahí está el tema del outsourcing, la propia Ley de la Industria Eléctrica y el aumento a los mínimos, entre otros.

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Los ojos de la Auditoría Superior de la Federación están puestos sobre el gobernador de Chiapas Rutilio Escandón, debido a que no ha podido solventar observaciones a la cuenta pública del estado correspondiente al 2019.

En total, las observaciones suman unos ocho mil millones de pesos, 973 de ellos entregados a la CNTE sin justificación jurídica o administrativa.

En la revisión que hizo la ASF a la administración de Escandón encontró un total desorden administrativo, falta de cumplimiento con los protocolos e instructivos y asignaciones directas que no se justificaron.

En al menos siete fondos se detectaron manejos irregulares, entre ellos, el de Seguridad Pública, el Fondo para Entidades Federativas y Municipios, el Fondo para Productores de Hidrocarburos, Aportaciones para la nómina educativa, para la infraestructura social, Fondo Regional y programas de apoyo a centros y organizaciones de escuelas de tiempo completo.

Escandón, otrora aliado de López Obrador, parece haber cometido varios pecadillos que lo han alejado del Olimpo de Palacio Nacional.

¿Qué será, qué será?

LEG