El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen para la expedición de la Ley General de Educación Superior, por lo que este nivel educativo se definirá como un derecho humano, el cual el Estado estará obligado a proveer a todo aquel ciudadano que tenga disposición para ejercerlo.
El documento recibió 400 votos a favor y fue apoyado por los grupos parlamentarios de Morena, PAN, PRI, MC, PRD, Encuentro Social y el Partido Verde; el Partido del Trabajo votó en contra.
La diputada presidenta de la Comisión de Educación, Adela Piña Bernal (Morena), sostuvo que la Ley aprobada en lo general responde a las realidades y necesidades de los sectores sociales, productivo y económico, que contribuyen directamente al desarrollo de México.
En su intervención para fundamentar el dictamen enfatizó que desde 1978 no se realizaba ningún ordenamiento en la educación superior.
“Se trata de un marco legal que refrenta el carácter público, gratuito y laico de la educación superior, que cumple con el principio de universalidad con un enfoque de equidad, excelencia e inclusión, que parte del Sistema Nacional de Educación Superior para la prestación de este servicio público del Estado”, expresó.
La diputada Cynthia López Castro (PRI) expuso que la presentación de esta iniciativa representa la culminación de más de dos años de trabajo entre representantes de todos los grupos parlamentarios, universidades, académicos y especialistas para perfeccionar el proyecto.
“Entre los aciertos innegables de esta ley se encuentra la definición de la educación superior como un derecho humano, del que se desprende la obligación del Estado de proveer a todo aquél que cuente con disposición para hacerlo.
“Es decir, todo joven que quiera estudiar una carrera, que quiera estudiar en educación superior, tendrá un espacio”, dijo.
Y aunque reconoció que está pendiente la asignación presupuestal, expresó que el derecho que tendrán ahora quien desee estudiar no se puede supeditar a que no haya dinero.
“La ley avanza en sentido correcto al mandatar que no puede haber una disminución en términos reales al año anterior y crear un Fondo Especial para la Obligatoriedad, será responsabilidad de este Congreso verificar que se cumplan con las asignaciones presupuestales correspondientes”, expresó la diputada del PRI.
La legisladora resaltó que se logró preservar en sus términos constitucionales las garantías de las universidades autónomas; es decir, se conserva y refuerza una figura institucional fundamental en el desarrollo del país y en las libertades de cátedra y pensamiento.
“También se mandata la creación de instancias para atender la salud mental de los estudiantes, una demanda muy sentida en algunas comunidades, que contribuirá a una formación integral”, indicó López Castro.
En tanto, el diputado Alfredo Femat (PT) acusó que el dictamen votado plantea transformar la educación en una industria, “en un gran entramado de poder para vender conocimientos y aprobar exámenes”.
Señaló que el exsecretario de Educación, Esteban Moctezuma, promovió la mercantilización y privatización de la educación y los petistas buscan la democratización de la educación a través de la defensa de educación pública, laica, obligatoria y gratuita.
“Exhorto desde esta tribuna a los compañeros y compañeras de Morena a analizar concienzudamente este dictamen. No es casualidad que el PRI, el PAN, el PRD y MC muestren tanta urgencia por su aprobación”, indicó Femat.
El dictamen aún es analizado en lo particular con los artículos reservados para proponerles cambios.
Cumplimiento gradual
El documento cuenta con 77 artículos y 21 disposiciones transitorias, incorpora un enfoque de cobertura universal, da cumplimiento gradual de la obligatoriedad y la gratuidad de la educación superior; además, reconoce y respeta la autonomía universitaria.
El dictamen fue apoyado por todas las fracciones parlamentarias a excepción del Partido del Trabajo (PT), porque “plantea transformar la educación en una industria, en un gran entramado de poder para vender conocimientos y aprobar exámenes”.
El diputado Alfredo Femat (PT) acusó que el exsecretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, promovió la mercantilización y privatización de la educación y ellos buscan la democratización mediante la defensa de educación pública, laica, obligatoria y gratuita.
El dictamen fue enviado al Ejecutivo para su publicación.
En tanto, la Secretaría de Educación Pública (SEP) aseguró que la aprobación garantiza la autonomía universitaria y se da cumplimiento a los principios de gratuidad, obligatoriedad, equidad y excelencia en ese nivel educativo.
Reconoció, en un comunicado, el proceso legislativo que efectuó el Congreso de la Unión para la construcción colectiva de esta ley.
PAL