Entre las muchas teorías de la conspiración para explicar el arresto y el desistimiento del proceso del general Salvador Cienfuegos Zepeda en EU hay que apuntar algunos hechos:

1.- La primera misión del Ejército es la de ser la garantía de defensa de la soberanía de la República ante embates extranjeros. El general Cienfuegos es un militar en activo y por su cargo posee información delicada de seguridad nacional mexicana. Golpear al Ejército es violar la soberanía nacional de México.

2.- El expediente de la DEA está mal integrado y se basa en informaciones obtenidas sin respetar el debido proceso y violando las leyes que limitan las intercepciones telefónicas. Por tanto, la decisión de retirar cargos no fue por política exterior, sino por culpa de la mala investigación de la DEA.

3.- El canciller Marcelo Ebrard y el líder senatorial Ricardo Monreal fueron los pivotes que arrinconaron a la Casa Blanca: revisar acuerdos de cooperación bilateral en materia de seguridad,

4.- La DEA se basó en la advertencia de Trump a México en dos memorándums de directrices de seguridad nacional sobre narco 2019 y 2020 en los que amenazó a México de castigos si no atacaba a cárteles.

5.- En ese contexto, la DEA está operando hoy en México la persecución contra el jefe del Cártel Jalisco, Nemesio Oseguera El Mencho, y contra Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, para llevárselos a EU, pero sin coordinarse con las autoridades mexicanas.

6.- Lo que queda ahora es aprovechar la crisis para meter al orden a la DEA en México, obligarla a respetar las leyes y reducirle los espacios de colaboración.

7.- El caso Cienfuegos puede frenar el abuso estadounidense de las estrategias de Obama y Trump para perseguir narcos “en sus madrigueras” o países de origen, atropellando leyes y soberanías, lo que está haciendo la DEA en México sin ajustarse a las leyes mexicanas.

8.- Lo que quedo claro fue que el general Cienfuegos era inocente de los cargos de la DEA.

 

Zona Zero

  • Los acuerdos de colaboración –más bien: subordinación– de México con EU en materia de crimen organizado fueron firmados por Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. El Senado de Ricardo Monreal tiene la gran oportunidad histórica para revisarlos, depurarlos y recuperar la soberanía nacional en seguridad que se había cedido a EU.

 

(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.

 

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