El interregno entre el anuncio el jueves y la aceptación o rechazo de Rosa Icela Rodríguez del cargo de titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana mañana martes ha servido para asentar el principal criterio que define la estrategia de seguridad pública: el diseño, las decisiones, los principios y la supervisión se centran en el Presidente de la República en Palacio Nacional.
Y lo que queda claro es que el corto periodo de Alfonso Durazo Montaño en el cargo –dos años efectivos– sirvió para crear la infraestructura administrativa, legal, doctrinaria y operativa de la seguridad, que deben venir cuando menos otros dos de consolidación y que los dos finales del sexenio serán de resultados concretos en materia de desarrollo social que disminuya la inseguridad por pobreza y que desarticule la estructura de bandas criminales.
En el escenario de designación de la sucesora –si acepta– de Durazo se dieron danzas de cifras cuya interpretación ha sido libre. Pero en el fondo, la estrategia sacó al Estado de la guerra, va a comenzar a acotar a las bandas criminales por el lado de los recursos económicos y las fuerzas de seguridad han comenzado a tener una presencia disuasiva importante.
Las cifras de homicidios dolosos han revelado más bien la guerra entre bandas criminales por territorios en disputa. Al final de cuentas, Durazo tuvo razón en su declaración de que ningún grupo delictivo tiene capacidad para enfrentar y querer derrotar al Estado. Sin embargo, las luchas por zonas es más responsabilidad de las autoridades locales que de las federales y ahí gobernadores y alcaldes han fallado en la adecuación de su fuerza policiaca local. Este, el de las policías locales, debería ser la prioridad de la nueva titular de seguridad –si acepta el cargo–.
Y al final, lo que cuenta es el gabinete de seguridad.
Zona Zero
- Si el Gobierno mexicano aprieta las exigencias al Gobierno estadounidense sobre el caso Cienfuegos a partir de que las pruebas carecen de valor legal y muchas de ellas no tienen credibilidad, el proceso podría caerse en cortes estadounidenses. El militar es acusado por pruebas recogidas en México. Y la fragilidad de las mismas pruebas deberían de exonerarlo. El caso Álvarez Machain 1990-1992 aporta elementos jurídicos a favor de México y del militar.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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