Unos 65 de un total de 500 diputados han dado positivo para Covid-19; en el Senado, 13 de 128 legisladores dieron positivo hasta el día de ayer.
De los diputados murió uno, Miguel Acundo González, del PES, y el sábado falleció el senador Joel Molina, de Morena.
Ambas Cámaras tienen protocolos de sanitización desde que se volvió a la “nueva normalidad’’.
Los accesos son restringidos, hay gel sanitizante en todas las oficinas y sitios de reunión; en la Cámara de Diputados incluso se practican pruebas semanales a los empleados y reporteros que acuden a las sesiones.
Sin el resultado negativo de la prueba, no pueden entrar a las instalaciones de San Lázaro.
Aún así, se puede hablar ya de una crisis sanitaria en el Congreso, provocada por el relajamiento de las medidas preventivas.
Lo curioso del asunto es que no son los trabajadores o los colaboradores de los legisladores quienes provocan el relajamiento.
El jueves pasado, durante la comparecencia del secretario de Salud, Jorge Alcocer y del subsecretario Hugo López-Gatell ante los diputados, muy pocos respetaron la sana distancia con tal de tomarse una foto con el funcionario preferido del Presidente.
En un lugar reservado para 10 personas había 30; igual ocurre en la Cámara de Senadores.
La realidad es que los casos arriba citados son solo los que se han hecho públicos porque diputados o senadores decidieron informarlo, pero igualmente hay una cifra negra que los propios líderes camerales desconocen.
En cuanto a los empleados de ambas Cámaras infectados y fallecidos por Covid-19, el número se maneja como confidencial, como si con ello se evitaran los contagios.
Lo que ocurre en el microcosmos del Congreso mexicano debe ser tomado como ejemplo de lo que ocurre en el país.
Las medidas preventivas en todo el territorio se han relajado; la sana distancia ya suena a chunga y el uso de sanitizantes va pasando de moda; en abril y mayo era prácticamente imposible encontrar gel o mascarillas.
Hoy hay montañas de ellos en los supermercados.
Si el Congreso, con todos los recursos humanos y económicos que tiene a su alcance para prevenir los contagios vive esa crisis, ¿qué se puede esperar del resto del país que a estas alturas de la pandemia sigue viendo a los encargados de la Salud seguir en la discusión si sirve o no el cubrebocas?
Estamos a las puertas de una crisis mayor.
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El hermano incómodo del Presidente, Pío López Obrador, se hizo de los servicios del ex magistrado electoral Salvador Nava Gomar, para que lo defienda ante el INE por la queja que interpusieron varios partidos en su contra.
La queja presentada ante la Comisión de Fiscalización del INE, es por los recursos que Pío López recibió en efectivo como se aprecia en dos videos difundidos por el periodista Carlos Loret.
El hermano del Presidente demandó a Loret acusándolo de “violar su vida privada’’, demanda que hasta el propio Andrés Manuel desestimó.
Pero como lo del INE es cosa sería, Pío ya se hizo de un abogado que conoce las tripas del sistema judicial electoral.
Por cierto, Nava Gomar fue el abogado de Felipe Calderón y Margarita Zavala en su intento por crear su partido político.
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Mario Alberto Ramírez Casas está buscando la reelección al frente de la dirección general del Instituto Politécnico Nacional (IPN).
En cuestión de días, se debe conocer el nombre del director, ya sea Ramírez Casas u otra persona; el cambio debe ocurrir el 20 de noviembre próximo y el nombre del sucesor depende, como ha sido siempre, del humor del Presidente de la República en turno.
¿Cómo la ve?
AR