Por calendario electoral y por posicionamiento de piezas clave para la segunda mitad del sexenio, Alfonso Durazo Montaño dejará la secretaría federal de Seguridad Pública para asumir la candidatura a gobernador de Sonora por Morena. Deja atrás, como legado, una estructura formal, jurídica, operativa y funcional que requerirá de estricta continuidad.
Las cifras de seguridad no han sido las deseadas, pero al final de cuentas el nuevo paradigma presidencial de pasar de la persecución violenta de capos se ha transitado a una estrategia de no confrontación con cárteles ni capos y a la atención de la desigualdad social en las zonas calientes controladas por el crimen organizado.
Es decir, se ha optado por una estrategia de seguridad interior articulando bienestar con reconstrucción de los tejidos institucionales, sociales, económicos y políticos. El principal problema de la nueva estrategia ha sido la desidia de gobernadores y alcaldes para seguir los pasos federales, en tanto que la inseguridad ha servido como instrumento de control social, de corrupción y sobre todo de ingresos federales desviados hacia otras tareas de Gobierno local.
El modelo de policía de Durazo fue audaz, pero requirió de fondos que comenzaron a escasear. Además, los programas sociales no construyeron redes de fortalecimiento de comunidades y se agotaron en la distribución de dinero en efectivo. Y la inversión privada no aguantó la presión del cobro de protección por bandas locales asociadas a estructuras políticas, gubernamentales y políticas a nivel local.
El problema de la estrategia de seguridad es el control presidencial casi absoluto, sin dejar que las instituciones desarrollen programas con mayor intensidad. Pero Durazo deja un aparato de seguridad depurado, con funcionalidad operativa, con una Guardia Nacional que no ha sabido ser aprovechada y sobre todo con un marco constitucional que hacía falta.
Zona Zero
- Resulta que funcionarios que estaban en Ayotzinapa sin funciones operativas directas con el caso de los 43 están siendo tensados por la opinión pública y las autoridades. Omar García Harfuch y soldados del 27 regimiento nada tuvieron que ver con el caso, pero son llevados al patíbulo de las desconfianzas por funcionarios que no saben cómo llenar huecos en sus precarias investigaciones.
(*) Centro de Estudios Económicos, Políticos y de Seguridad.
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