Parece que el presidente Andrés Manuel López Obrador, sí tiene los mismos datos que nosotros, pero se niega a reconocerlos.
Si bien, su popularidad sigue muy alta, no le alcanza para solventar la mala administración que ha tenido en sus dos años de gobierno y que se agudizó con la pandemia de Covid-19.
Dijo que el suyo, sería un gobierno distinto a los anteriores, sin embargo es igual o peor porque a pesar de navegar con la bandera del respeto a las libertades y al Estado de Derecho; lo cierto es que también ha hecho uso de la Fiscalía para cobrar viejas facturas como el caso de Rosario Robles.
O bien ha sido omiso y opaco en las acusaciones en contra de integrantes de su Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito y corrupción como el caso de Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad y de Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública.
Y qué decir del combate al crimen organizado, cuando lo hemos visto dejar en libertad al hijo y saludar personalmente a la mamá de uno de los narcotraficantes más poderosos de México.
La crisis de Covid, le cayó como anillo al dedo, porque ahora ya tiene a quién culpar por la falta de crecimiento económico y pérdida de empleos.
Todo esto lo sabe López Obrador, pero se niega a aceptarlo y, tan lo sabe que teme perder la mayoría en el Congreso el próximo año, de ahí que se inventara otra cortina de humo: una consulta pública para que sean los mexicanos quienes decidan si se debe o no enjuiciar a los ex presidentes de México y así, al estilo de Poncio Pilatos, lavarse las manos.
Pero al presidente se le olvidó que para enjuiciar a los ex mandatarios sólo hay que aplicar la ley que ya existe y el Estado de Derecho, ese del que tanto presume, pero poco respeta. Por tanto, la consulta es sólo un pretexto para promover a su movimiento en la elección del próximo año, usando una vez más, al pueblo bueno de México.
La Ley no se consulta, se aplica.