Foto: Cuartoscuro/Archivo A más de mes y medio de que entraran en vigor los cambios fiscales, la incertidumbre aún persiste entre los contribuyentes debido a las atribuciones dadas al SAT, señaló Juan Pablo Castañón  

A más de mes y medio de haber arrancado 2020, cuando entraron en vigor los cambios fiscales, la incertidumbre aún persiste entre los contribuyentes debido a las atribuciones dadas al Servicio de Administración Tributaria (SAT), señaló el empresario y ex funcionario Juan Pablo Castañón.

 

El ex presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) resaltó la importancia de hacer frente la delincuencia y la evasión fiscal, porque dan certeza a las inversiones en el país.

 

Sin embargo, indicó, las nuevas atribuciones otorgadas al SAT y a otras autoridades tienen en incertidumbre a los pagadores de impuestos.

 

En su opinión, al organismo recaudador le hace falta determinar cómo se van aplicar las nuevas disposiciones en materia fiscal.

 

“No es suficiente que digan que tengamos confianza y que quien se porte bien no tiene de qué preocuparse”, argumentó durante su participación en el Foro Perspectivas 2020, organizado por la Asociación Nacional de Abogados de Empresas (Anade) y Forbes Latam.

 

Consideró necesario generar confianza para las inversiones porque, de lo contrario, “cualquier actuante de la economía podrá correr riesgos por no saber cómo actuará la autoridad”.

 

Diana Bernal Ladrón de Guevara, ex titular de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), calificó como “desastrosas” las perspectivas en dicha materia, porque “efectivamente no hay nuevos impuestos, pero las autoridades están adquiriendo unas facultades verdaderamente inusitadas”.

 

Ejemplificó que la cancelación del certificado de los sellos digitales dificulta el entendimiento de la disposición, porque la “están utilizando como una medida de recaudación y no como una medida cautelar”.

 

Además, indicó, el riesgo es aún mayor para las personas morales, sobre todo aquellas que recibieron de los llamados EFOS (Empresas que Facturan Operaciones Simuladas) por recibir comprobantes fiscales digitales y tener como límite el 31 de marzo para regularizar su situación.

 

“Hay muchísimas empresas que simplemente porque al SAT no le gustó su modelo de negocio, no comprobó la materialidad de sus operaciones o la prestación de servicios intangibles, el SAT lo enlistó (en el artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación)”, comentó.

 

“No sé a donde pueda llevarnos esta presión recaudatoria que tienen las autoridades del SAT con estas nuevas facultades tan graves”, añadió.

 

 

 

 

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