Aunque el tema le moleste al presidente López Obrador y diga que se trata de una campaña “de los medios tradicionales’’ en su contra, el aumento de los feminicidios en el país no se puede ocultar debajo de la alfombra.

Solo para citar un dato, a la espera de las cifras oficiales, en el 2019 se asesinaron a poco menos de 4 mil mujeres en el país, comparadas con las 735 que fueron asesinadas en el 2017.

El aumento es exponencial.

En España, por ejemplo, en el 2018 se asesinaron a 47 mujeres -en todo el año- y la cifra ya era un escándalo en todo el país.

Ante el alza del delito, los Gobiernos de México, desde hace una década, aplicaron una estrategia totalmente fallida que por inútil debería de desaparecer: la declaratoria de alerta de violencia de género, en aquellos estados y municipios en los que la violencia contra las mujeres tenía mayor incidencia.

Cada gobernador se esforzaba por evitar que se decretara en su entidad la alerta de género, porque equivalía a exhibir su ineficiencia para combatir el delito.

Así, la declaratoria de alerta de género se convirtió en una negociación política que no atendió las causas sino mitigar los efectos políticos y sociales.

Hoy que el tema está a revisión, gracias a la propuesta del fiscal Alejandro Gertz Manero de desaparecer del Código Penal el feminicidio para clasificarlo como homicidio agravado, valdría la pena reconsiderar si no es necesario eliminar la inservible declaratoria de alerta por violencia de género.

Gertz tiene razón en cuanto a que para poder tipificar el delito de feminicidio, el Código Penal establece siete condiciones que durante el juicio son difíciles de demostrar.

Y aunque la propuesta tiene como propósito facilitar el juicio y condena en contra de un feminicida, los grupos contra la violencia de género consideraron que se trataría de un retroceso.

Ayer el fiscal se reunió con diputadas de todos los partidos para explicar su propuesta; el resultado de la reunión fue una invitación del fiscal para que las legisladoras crearan una comisión que se sume al trabajo para clasificar de manera más sencilla cuándo el homicidio de una mujer debe ser investigado como feminicidio y cuando como asesinato simple.

No será una tarea sencilla pues hay muchas voces -e intereses- en el tema que, ciertamente, diría el clásico, se ha convertido casi en problema de salud pública y no en una campaña para desvirtuar al actual Gobierno.

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Con eso de que el Estado debe pagar casi por todo, al coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, se le ocurrió la idea de que sea precisamente el Estado quien pague una indemnización a los alumnos que sufren violencia escolar.

Suena muy bonito, pero se ve, a leguas, que al legislador le falta información sobre los diferentes tipos de violencia que se ejercen en las escuelas y sus causas.

En algunos casos, efectivamente podría responsabilizarse a la escuela -es decir, al Gobierno tratándose de escuelas públicas- de algún tipo de violencia hacia el alumno.

Pero en otros, las causas de la violencia son tan variadas que difícilmente el Estado tendría responsabilidad de ella y por lo tanto la obligación de indemnizar al alumno.

Se nota el esfuerzo que hace Delgado por congraciarse nuevamente con López Obrador, quien no se reunió con los diputados de bancada, como si lo hizo con los senadores, porque, a decir de sus propios compañeros de partido, “Morena en San Lázaro es un desmadre’’.